CULTURA
La Ley de Patrimonio gallega se reforma para agilizar trámites y blindar su protección
El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, concluyó en Pontevedra la serie de reuniones mantenidas con los regidores gallegos para informarles sobre las modificaciones previstas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos relativas a la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia. El responsable autonómico explicó que estos cambios buscan adaptar el texto legal a la realidad actual con el fin de “agilizar los trámites y garantizar una protección más eficaz del patrimonio cultural gallego”.
Acompañado por el delegado territorial de Pontevedra, Agustín Reguera, y el director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, López Campos explicó a los alcaldes que el propósito fundamental de esta adaptación es reducir la carga burocrática y acortar los plazos de tramitación.
El conselleiro recordó que la Xunta de Galicia es la única administración autonómica que informa sobre los bienes de todo el territorio, con independencia de su grado de protección, lo que se traduce en una media anual de más de 30.000 expedientes, con tiempos de espera de entre seis y doce meses según la provincia y el tipo de actuación.
“Somos conscientes de que estos largos tiempos suponen un problema para el desarrollo de determinados proyectos”, reconoció. Por ello, la Consellería propone eliminar la necesidad de autorización autonómica en algunos casos, permitiendo que sean los propios concellos quienes los resuelvan.
“Demostramos que escuchamos las necesidades de la ciudadanía y de las administraciones y les damos respuesta, pero sin rebajar el riguroso cuidado de nuestro legado”, subrayó López Campos.
Según explicó, los ayuntamientos podrán autorizar directamente —junto con la licencia municipal— intervenciones menores en elementos con protección estructural o ambiental, así como en Bienes de Interés Cultural (BIC) o catalogados, siempre que se trate de actuaciones no invasivas como limpieza de fachadas, sustitución de pavimentos o reparaciones en vías.
Del mismo modo, los concellos podrán informar sobre obras en el entorno de los Caminos de Santiago catalogados(Inglés, Portugués, Fisterra-Muxía, Vía de la Plata e Invierno) que no afecten a la traza ni a los elementos funcionales. Esta facultad se aplicará tanto a los municipios de más de 50.000 habitantes como al resto del territorio histórico.
Por su parte, la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud mantendrá las competencias en actuaciones sobre bienes singulares o de especial valor, que requieren intervención técnica especializada, como los BIC con protección integral, los Caminos de Santiago declarados BIC (Francés y Norte) o el patrimonio artístico, arqueológico y eclesiástico.
En el ámbito forestal, la normativa introduce la figura de la declaración responsable para las cortas de arbolado en bienes con protección estructural y ambiental, así como en sus entornos y zonas de amortiguamiento, o en los territorios históricos de los Caminos de Santiago catalogados hasta tres metros a ambos lados de la traza. Además, se elimina la obligación de solicitar permiso para trabajos de silvicultura manual o con maquinaria ligera, siempre que se realicen tras el balizamiento previo.
Con esta reforma, la Xunta busca un equilibrio entre agilidad administrativa y rigor en la protección, favoreciendo la colaboración con los ayuntamientos y asegurando una gestión más eficaz del patrimonio cultural de Galicia.

El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, concluyó en Pontevedra la serie de reuniones mantenidas con los regidores gallegos para informarles sobre las modificaciones previstas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos relativas a la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia. El responsable autonómico explicó que estos cambios buscan adaptar el texto legal a la realidad actual con el fin de “agilizar los trámites y garantizar una protección más eficaz del patrimonio cultural gallego”.
Acompañado por el delegado territorial de Pontevedra, Agustín Reguera, y el director general de Patrimonio Cultural, Ángel Miramontes, López Campos explicó a los alcaldes que el propósito fundamental de esta adaptación es reducir la carga burocrática y acortar los plazos de tramitación.
El conselleiro recordó que la Xunta de Galicia es la única administración autonómica que informa sobre los bienes de todo el territorio, con independencia de su grado de protección, lo que se traduce en una media anual de más de 30.000 expedientes, con tiempos de espera de entre seis y doce meses según la provincia y el tipo de actuación.
“Somos conscientes de que estos largos tiempos suponen un problema para el desarrollo de determinados proyectos”, reconoció. Por ello, la Consellería propone eliminar la necesidad de autorización autonómica en algunos casos, permitiendo que sean los propios concellos quienes los resuelvan.
“Demostramos que escuchamos las necesidades de la ciudadanía y de las administraciones y les damos respuesta, pero sin rebajar el riguroso cuidado de nuestro legado”, subrayó López Campos.
Según explicó, los ayuntamientos podrán autorizar directamente —junto con la licencia municipal— intervenciones menores en elementos con protección estructural o ambiental, así como en Bienes de Interés Cultural (BIC) o catalogados, siempre que se trate de actuaciones no invasivas como limpieza de fachadas, sustitución de pavimentos o reparaciones en vías.
Del mismo modo, los concellos podrán informar sobre obras en el entorno de los Caminos de Santiago catalogados(Inglés, Portugués, Fisterra-Muxía, Vía de la Plata e Invierno) que no afecten a la traza ni a los elementos funcionales. Esta facultad se aplicará tanto a los municipios de más de 50.000 habitantes como al resto del territorio histórico.
Por su parte, la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud mantendrá las competencias en actuaciones sobre bienes singulares o de especial valor, que requieren intervención técnica especializada, como los BIC con protección integral, los Caminos de Santiago declarados BIC (Francés y Norte) o el patrimonio artístico, arqueológico y eclesiástico.
En el ámbito forestal, la normativa introduce la figura de la declaración responsable para las cortas de arbolado en bienes con protección estructural y ambiental, así como en sus entornos y zonas de amortiguamiento, o en los territorios históricos de los Caminos de Santiago catalogados hasta tres metros a ambos lados de la traza. Además, se elimina la obligación de solicitar permiso para trabajos de silvicultura manual o con maquinaria ligera, siempre que se realicen tras el balizamiento previo.
Con esta reforma, la Xunta busca un equilibrio entre agilidad administrativa y rigor en la protección, favoreciendo la colaboración con los ayuntamientos y asegurando una gestión más eficaz del patrimonio cultural de Galicia.
























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