El sector de la sanidad privada de la provincia de Pontevedra contará con un nuevo marco laboral para los próximos cuatro años tras la publicación esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia del convenio colectivo para hospitalización e internamiento. El texto, rubricado por Comisiones Obreras y la Asociación Provincial de Empresarios de Sanatorios y Clínicas, establece subidas salariales escalonadas y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2027.

La negociación culmina con un acuerdo que afecta a todo el personal de centros sanitarios privados de la provincia, desde médicos y enfermeras hasta personal administrativo y de servicios. Las tablas salariales experimentarán incrementos del 3% para 2024, 2,4% para 2025 y 2,8% para ambos 2026 y 2027, con una cláusula de garantía que asegura una actualización adicional si el IPC supera estos porcentajes, con un límite máximo del 3,5%.

Entre las novedades más significativas destaca la promoción automática para auxiliares administrativos con tres o más años de antigüedad, que ascenderán a oficiales administrativos. El convenio también regula específicamente la figura del trabajador fijo-discontinuo en el sector, estableciendo que las empresas deberán entregar anualmente un calendario con las previsiones de llamamiento.

La jornada laboral máxima anual queda fijada en 1.770 horas efectivas, con garantía de un mínimo de 11 fines de semana libres anuales para todo el personal, excepto para aquellos contratados específicamente para trabajar en weekends. Las horas extraordinarias podrán compensarse con un recargo del 75% sobre el salario ordinario o mediante tiempo de descanso.

El capítulo retributivo incorpora un complemento de equidad para trabajadores que perciban el salario mínimo interprofesional, que ascenderá progresivamente de 15 euros mensuales en 2025 a 25 euros en 2027. Además, se mantienen pluses específicos por toxicidad del 20% para personal de quirófanos, UCI y otros departamentos de riesgo, y de nocturnidad del 30%.

Uno de los aspectos más innovadores del convenio es la inclusión como anexo de un protocolo integral contra la discriminación LGTBI+, que considera como falta muy grave cualquier conducta de acoso, violencia o discriminación por orientación sexual, identidad de género o diversidad familiar. Las empresas deberán garantizar el uso del nombre y género con el que se identifican las personas y fomentar currículos ciegos en los procesos de selección.

El texto refuerza también la conciliación familiar, estableciendo permisos retribuidos para acompañamiento a urgencias pediátricas y consultas de especialistas, y garantiza el derecho a la desconexión digital fuera del tiempo de trabajo. Las empresas deberán complementar hasta el 100% el salario en casos de incapacidad temporal por accidente laboral.

La Comisión Paritaria del convenio, compuesta por cuatro miembros a partes iguales entre empresa y trabajadores, se reunirá cada seis meses para resolver las posibles discrepancias en la aplicación del acuerdo, que cuenta con una cláusula de descuelgue para empresas en situación de pérdidas contrastadas.