La comunidad gallega se dispone a dar un paso histórico en la protección de sus profesionales sanitarios. El Consello de la Xunta aprobó esta semana el proyecto de ley que reformará la normativa de salud para blindar jurídicamente al personal frente a agresiones, incorporando por primera vez la violencia digital como conducta sancionable y estableciendo medidas pioneras de protección a las víctimas.

El presidente Alfonso Rueda fue contundente al afirmar que "la Xunta tendrá tolerancia cero con las conductas violentas que pongan en riesgo la integración del personal en los centros sanitarios". La reforma, que adapta una ley de 2008 a la realidad actual, convierte a Galicia en la primera comunidad autónoma en considerar sanciones específicas por agredir a técnicos de emergencias sanitarias y del 061, un colectivo con alta exposición al riesgo.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, subrayó el carácter integral de la modificación: "Queremos poner los medios y recursos para prevenir y atajar todo acto violento contra las personas que cuidan y velan por nuestra salud".

La nueva ley amplía significativamente el concepto de profesional sanitario protegido, incluyendo ahora al personal de inspección de servicios y a los trabajadores de las áreas de admisión y administración. La protección se extiende más allá de los recintos sanitarios, aplicándose a agresiones que ocurran "con ocasión de las funciones" de estos profesionales.

Entre las novedades más destacadas figura el reconocimiento explícito de la violencia digital ejercida por pacientes, familiares o acompañantes, que se sumará a las modalidades física y verbal ya contempladas. Como deber ciudadano, se incorpora explícitamente el respeto a la "honra y prestigio profesional" del personal sanitario.

El texto refuerza especialmente la protección de las víctimas. Para casos de infracción grave o muy grave en el sistema público sanitario, se podrán imponer sanciones accesorias como la reasignación de la persona infractora a otro profesional o centro sanitario por un plazo máximo de cinco años. Paralelamente, se garantiza la movilidad laboral de la víctima si así lo desea.

Gómez Caamaño destacó además la regulación de las "grabaciones sin consentimiento en consultas", una práctica que consideró "una quebra de la confianza" y que permitirá al profesional "suspender la asistencia", dejando constancia en la historia clínica aunque garantizando siempre la atención del paciente.

El proyecto crea instrumentos clave para combatir este fenómeno, como el Plan de Prevención contra la Violencia en el Ámbito Sanitario y el Registro Gallego de Actos de Violencia Externa, donde se inscribirán todos los casos sancionados. El Sergas proporcionará apoyo psicológico al personal agredido y la Asesoría Jurídica de la Xunta ofrecerá asesoramiento legal.

La ley, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Galicia, marcando un antes y un después en la protección de quienes dedican su vida al cuidado de la salud.