El conflicto competencial entre el Gobierno gallego y el Ejecutivo central por la gestión de los menores migrantes no acompañados escala al ámbito judicial. La Xunta de Galicia ha interpuesto esta semana dos recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo contra los reales decretos que establecen los traslados obligatorios de estos menores y fijan la capacidad de acogida de las comunidades autónomas.

El presidente autonómico, Alfonso Rueda, confirmó que el Consello ratificó la resolución de la Asesoría Xurídica para impugnar las normas aprobadas este verán, que desarrollan el Real Decreto Ley 2/2025 de marzo. Esta legislación prevé la distribución de menores llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, con más de 300 destinados a Galicia según el mecanismo de reparto.

Rueda calificó el sistema de "injusto e inconstitucional", subrayando que la medida se adopta "con la misma argumentación" que llevó a Galicia y otras diez comunidades a recurrir ante el Tribunal Constitucional la norma matriz en marzo. El eje de la impugnación se basa en que el sistema de protección a la infancia es competencia exclusiva de las autonomías, según había dictaminado previamente el Consello Consultivo.

La Xunta denuncia además que, hasta la fecha, el Gobierno central no ha destinado financiación para el acogimiento de estos menores, lo que agrava según Rueda la "falta de coordinación" del Ejecutivo estatal con las comunidades autónomas en la gestión de este flujo migratorio.

Esta acción judicial representa un nuevo capítulo en el pulso competencial entre administraciones, consolidando una estrategia legal que ya había llevado a Galicia a unirse al recurso contra la reforma de la Ley de Extranjería y que ahora profundiza con la impugnación de los decretos de desarrollo.