La política de igualdad en la provincia de Pontevedra se ha convertido en campo de batalla política esta semana, con dos visiones contrapuestas sobre el compromiso real con la lucha contra la violencia machista. Mientras la Diputación Provincial anuncia un incremento presupuestario, el Bloque Nacionalista Galego arremete contra lo que considera un desmantelamiento progresivo de los recursos esenciales.

La institución provincial gobernada por el PP ha comunicado que los recursos destinados a igualdad aumentarán aproximadamente un 7% para 2026, alcanzando los 1,8 millones de euros. La diputada delegada del Área, Paula Bouzós, defendió que este incremento "responde a nuestra voluntad de avanzar hacia la igualdad desde la unidad de toda la sociedad, tendiendo puentes y evitando la confrontación".

Entre las partidas concretas, el programa +Xuntas verá reforzada su dotación pasando de 625.000 euros en 2025 a 675.000 el próximo año. También aumentan los recursos para el curso de igualdad de la UNED, que triplica su presupuesto hasta los 15.000 euros. La institución destinará 260.000 euros a subvenciones municipales para fomentar la igualdad de oportunidades y prevenir la violencia de género, y 40.000 euros a la Cátedra de Feminismos de la Universidad de Vigo.

Bouzós destacó que desde 2023 la Diputación habrá destinado cerca de 6 millones de euros al impulso de la igualdad, financiando proyectos municipales, acciones formativas para mujeres, investigación universitaria e iniciativas innovadoras como el Ateneo Provincial por la Igualdad.

Sin embargo, esta versión oficial choca frontalmente con la denuncia planteada por el BNG. La diputada nacionalista Manuela Rodríguez acusó al gobierno provincial de recortes encubiertos y de no priorizar realmente la lucha contra la violencia machista. "No es una prioridad para ustedes. Las cifras muestran lo que realmente importa a esta Diputación", afirmó contundente durante el debate presupuestario.

Los nacionalistas aportan datos que, según su interpretación, desmontan el relato oficial: mientras en 2023 se invirtieron más de 2,1 millones de euros en Igualdad (1,17% del presupuesto total), para 2026 la partida prevista no alcanzará 1,8 millones, representando solo el 0,75% del total, lo que supone "la cifra más baja de los últimos años".

La crítica del BNG se sustenta en la alarmante situación sobre el terreno: Pontevedra es la provincia más lenta de España en evaluar a las víctimas, con retrasos de hasta 14 meses para emitir informes judiciales, y aún no se ha creado el juzgado específico de violencia sobre la mujer prometido para la demarcación.

La formación de oposición también denuncia carencias estructurales en todo el sistema gallego: falta de atención psicológica en Atención Primaria, ayudas económicas insuficientes, ausencia de asistencia periódica para víctimas de violencia sexual, y déficit de formación especializada, financiación y personal en los Centros de Información a la Mujer.

El BNG reclama revertir la reducción presupuestaria y que la Xunta cumpla las recomendaciones del Consello de Contas sobre prevención integral de la violencia de género. Entre sus propuestas destacan incrementar personal y presupuesto en prevención, aprobar un plan estratégico específico y reforzar la red de CIM.

La polémica se enmarca en un contexto de creciente preocupación, con 1.920 mujeres -14 de ellas menores- bajo el Sistema VioGén en la provincia, lo que representa un aumento de casi el 13% respecto al año anterior, según datos aportados por la formación nacionalista.