La justicia coruñesa ha dictado una contundente sentencia contra un padre por someter a sus dos hijos pequeños a un trato vejatorio y condiciones de vida inhumanas durante los fines de semana que pasaban bajo su custodia. El Juzgado de lo Penal número 3 de A Coruña ha impuesto una condena de tres años y cuatro meses de prisión por un patrón sistemático de maltrato físico y psicológico que se prolongó entre 2019 y 2021, cuando las víctimas tenían apenas 9 y 5 años.

El magistrado describe en su fallo una realidad escalofriante: menores obligados a vivir en una vivienda sin "condiciones mínimas de habitabilidad, higiene y seguridad", con el cuerpo cubierto de picaduras de pulgas debido a la insalubridad del entorno. El acusado, además de negarles la higiene básica, llegaba a privarles de alimentación adecuada y a no administrar al hijo el tratamiento médico prescrito.

La violencia se manifestaba en agresiones físicas continuadas -golpes en la cara, piernas y glúteos- y en prácticas especialmente crueles como obligar al niño a "tragarse su propio vómito" o encerrar a la niña "en una habitación a oscuras". El juez constata que estos castigos se aplicaban "ante cualquier comportamiento que no le gustase de los menores", complementados con "insultos frecuentes" que configuraban un cuadro de violencia psicológica permanente.

La sentencia, que considera plenamente creíbles los testimonios de los menores, se apoya también en informes psicológicos que acreditan "malestar emocional y síntomas compatibles con situaciones de maltrato". El magistrado subraya que en los relatos de las víctimas "no se atisban razones por las que hubiesen querido mentir".

Además de la pena de prisión, el condenado deberá cumplir 40 días de localización permanente, enfrentarse a una prohibición de acercamiento de 11 años y medio, la privación de la patria potestad durante nueve años y el pago de una indemnización de 12.000 euros a los menores.

El juez desestima las alegaciones de dilaciones indebidas en el proceso y, aunque reconoce el derecho del acusado a negar los hechos, afirma que el conjunto de las pruebas -incluidas fotografías y el informe de la trabajadora social- "lo desmienten de manera contundente".

La sentencia, que aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de A Coruña, representa un espaldarazo judicial a la protección de menores en situaciones de vulnerabilidad extrema y sienta un precedente sobre la responsabilidad parental en el ámbito de las custodias compartidas.