Galicia
El PPdeG exige la dimisión de la ministra de Igualdad por los fallos en las pulseras antimaltrato
La formación conservadora tilda de "inadmisible negligencia" la última incidencia en el sistema de protección a víctimas de violencia de género y critica la "complicidad" del BNG
La política de protección a mujeres víctimas de violencia de género vuelve a estar en el punto de mira tras conocerse un nuevo fallo en el sistema de pulseras telemáticas. El Partido Popular de Galicia ha exigido esta semana la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por lo que califica como "inadmisible negligencia" en la gestión de estos dispositivos de protección.
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, explicó que la última incidencia dejó a las víctimas "incomunicadas durante horas", cuando en sus dispositivos aparecía el mensaje "comunicación no disponible". Prado subrayó la gravedad de la situación al recordar que "estas pulseras no son solo un dispositivo electrónico, sino también una herramienta que protege a las víctimas de su agresor".
La dirigente popular consideró "más intolerable aún" que la ministra Redondo, que "debería velar por que esto no sucediera", se mantenga en el cargo "a pesar de estar reprobada ya por los fallos producidos con anterioridad en estos dispositivos". Según Prado, "este no es un caso aislado", sino parte de un patrón de gestión que calificó como "lesivo para los derechos de las mujeres".
El PPdeG anunció que llevará su petición de dimisión tanto al próximo pleno del Parlamento de Galicia como a través de iniciativas en los concellos gallegos. La formación amplió sus críticas al BNG, al que acusó de tener que "dejar de ser tan bravo en Galicia y tan manso en Madrid". Prado reclamó a los nacionalistas gallegos que "rompa con Pedro Sánchez y se ponga del lado de las víctimas".
La secretaria general del PPdeG concluyó reprobando la "complicidad" del BNG en esta situación, afirmando que cuando debe decidir "entre su ideología o los derechos de las mujeres, antepone siempre su ideología". Las críticas se producen en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de protección a víctimas de violencia de género, aunque el Ministerio de Igualdad no se ha pronunciado oficialmente sobre los últimos fallos técnicos denunciados.

La política de protección a mujeres víctimas de violencia de género vuelve a estar en el punto de mira tras conocerse un nuevo fallo en el sistema de pulseras telemáticas. El Partido Popular de Galicia ha exigido esta semana la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por lo que califica como "inadmisible negligencia" en la gestión de estos dispositivos de protección.
La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, explicó que la última incidencia dejó a las víctimas "incomunicadas durante horas", cuando en sus dispositivos aparecía el mensaje "comunicación no disponible". Prado subrayó la gravedad de la situación al recordar que "estas pulseras no son solo un dispositivo electrónico, sino también una herramienta que protege a las víctimas de su agresor".
La dirigente popular consideró "más intolerable aún" que la ministra Redondo, que "debería velar por que esto no sucediera", se mantenga en el cargo "a pesar de estar reprobada ya por los fallos producidos con anterioridad en estos dispositivos". Según Prado, "este no es un caso aislado", sino parte de un patrón de gestión que calificó como "lesivo para los derechos de las mujeres".
El PPdeG anunció que llevará su petición de dimisión tanto al próximo pleno del Parlamento de Galicia como a través de iniciativas en los concellos gallegos. La formación amplió sus críticas al BNG, al que acusó de tener que "dejar de ser tan bravo en Galicia y tan manso en Madrid". Prado reclamó a los nacionalistas gallegos que "rompa con Pedro Sánchez y se ponga del lado de las víctimas".
La secretaria general del PPdeG concluyó reprobando la "complicidad" del BNG en esta situación, afirmando que cuando debe decidir "entre su ideología o los derechos de las mujeres, antepone siempre su ideología". Las críticas se producen en un contexto de creciente preocupación por el funcionamiento del sistema de protección a víctimas de violencia de género, aunque el Ministerio de Igualdad no se ha pronunciado oficialmente sobre los últimos fallos técnicos denunciados.






























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