Una sofisticada trama de estafa digital, coordinada desde Salamanca pero con víctimas en toda España, ha sido desmantelada por el equipo de investigación tecnológica de la Guardia Civil de Pontevedra. Los investigadores imputan a un hombre de 45 años y una mujer de 40, vecinos de la ciudad charra, por delitos de estafa continuada y usurpación del estado civil tras meses de rastreo de actividades fraudulentas en portales de comercio electrónico.

La pesquisa se inició en febrero de 2024 cuando un establecimiento comercial de la provincia de Pontevedra alertó sobre transacciones online con patrones sospechosos. Los ahora investigados realizaban pedidos legítimos a través de la web, pero inmediatamente después contactaban por teléfono para modificar la dirección de entrega, desviando los productos a distintos puntos de Salamanca.

Una vez en posesión de los artículos –principalmente material deportivo–, ejecutaban la anulación del pago inicial, dejando a la entidad financiera intermediaria asumiendo el coste total. La estrategia les permitió acumular beneficios ilegítimos mientras el perjuicio económico se trasladaba a las empresas afectadas.

Para cubrir sus huellas, los presuntos estafadores suplantaban identidades de terceros, utilizando datos personales ajenos en todas las operaciones. Esta práctica constituye el delito de usurpación del estado civil, agravando las acusaciones frente a la justicia.

La investigación confirmó que la dupla replicaba el mismo modus operandi en múltiples plataformas de venta online a nivel nacional, siempre seleccionando comercios de alto valor añadido. “El análisis de la actividad digital fue clave para individualizar a los responsables, que ya contaban con antecedentes por hechos similares”, explicaron fuentes cercanas al caso.

La cuantía total del fraude supera los 16.000 euros, según la denuncia interpuesta por la pasarela de pago afectada. Las diligencias, ya concluidas, fueron remitidas esta semana al Juzgado de Instrucción de Cangas do Morrazo, que deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.

La Guardia Civil subraya la necesidad de extremar la precaución al compartir información personal o bancaria en entornos digitales, especialmente cuando el interlocutor no está debidamente identificado. “Estos casos demuestran cómo los ciberdelincuentes explotan cualquier resquicio en los sistemas de verificación”, advirtieron los agentes.

El caso evidencia la vulnerabilidad de los procesos logísticos en el e-commerce y refuerza la colaboración entre fuerzas de seguridad y sector privado para combatir el fraude online.