La Comisión Europea ha abierto un frente crucial en su batalla por regular el poder de los gigantes tecnológicos. Hace unos días, el organismo comunitario ha iniciado una investigación formal contra Google por una presunta infracción de la Ley de Mercados Digitales (DMA), al considerar que su motor de búsqueda podría estar degradando injustamente el contenido de medios de comunicación y otros editores.

La investigación se centra específicamente en la controvertida 'política de abuso de reputación del sitio' que aplica la compañía, propiedad de Alphabet. Según los indicios detectados por el equipo de seguimiento de Bruselas, esta política penaliza en los resultados de búsqueda a aquellos sitios web de medios que incluyen contenido de socios comerciales, una práctica común y legítima para la monetización del sector editorial.

El núcleo del conflicto reside en si estas degradaciones sistemáticas afectan a la libertad de los editores para realizar negocios legítimos, innovar y cooperar con proveedores de contenido externos. Google defiende que su política está diseñada para combatir prácticas destinadas a manipular artificialmente las clasificaciones en los resultados de búsqueda.

Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, fue contundente al declarar: "Nos preocupa que las políticas de Google no permitan que los editores de noticias reciban un trato justo, razonable y no discriminatorio en sus resultados de búsqueda. Investigaremos para garantizar que los editores de noticias no pierdan ingresos importantes en un momento difícil para la industria".

La investigación, que Bruselas espera concluir en un plazo de doce meses, podría tener consecuencias significativas para el modelo de negocio del buscador. En caso de hallar evidencias de incumplimiento, la Comisión notificaría a Alphabet sus conclusiones preliminares y las medidas correctoras que considere necesarias.

Las posibles sanciones por infringir la DMA son sustanciales: multas de hasta el 10% del volumen de negocios total mundial de la empresa, que podrían escalar al 20% en caso de reincidencia. En situaciones de infracciones sistemáticas, Bruselas podría incluso obligar a la empresa a vender parte de sus negocios o prohibirle adquirir servicios adicionales.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, subrayó que el objetivo último de esta investigación es "proteger la financiación de los editores, su libertad de empresa y, en última instancia, el pluralismo de los medios de comunicación, así como nuestra democracia".

Google Search fue designado como "servicio básico de plataforma" en septiembre de 2023, lo que le obligaba a cumplir con todas las disposiciones de la DMA antes del 7 de marzo de 2024. La investigación abierta cuestiona si la compañía está aplicando realmente "condiciones transparentes, justas y no discriminatorias" como exige la normativa europea.