Mientras el Gobierno se llena la boca hablando de derechos sociales y protección de los trabajadores, mantiene abandonado a uno de los pilares fundamentales de nuestra economía: los autónomos. No es un abandono por omisión, sino estratégico. Un colectivo que sostiene el tejido productivo del país sobrevive con una renta media que roza el umbral de la pobreza, mientras escuchamos discursos vacíos sobre la España que progresa. Los datos no mienten: 14.800 euros anuales de rendimiento neto, pensiones miserables y jornadas interminables son la cara visible de una traición institucional.

Resulta obsceno que desde el Ministerio de Trabajo se promulguen normativas supuestamente protectoras mientras se permite que los autónomos trabajen en condiciones cercanas a la explotación. La última reforma laboral, lejos de solucionar sus problemas, ha consolidado su posición de desventaja frente a los asalariados. La burocracia asfixiante, la carga fiscal desproporcionada y la absoluta desprotección ante una baja médica conforman un cóctel explosivo que el Gobierno se niega a desactivar. No es falta de recursos, es falta de voluntad política.

La hipocresía alcanza su punto más alto cuando vemos cómo se diseñan políticas de protección para otros colectivos mientras se deja a los autónomos librados a su suerte. ¿Dónde está el fondo de garantía salarial para el autónomo que no puede facturar durante meses? ¿Dónde está la protección real ante impagos? Las estadísticas demuestran que mientras los funcionarios públicos disfrutan de estabilidad laboral absoluta y los trabajadores por cuenta ajena ven mejoradas sus condiciones, los autónomos siguen siendo los grandes sacrificados en el altar de los equilibrios presupuestarios.

Este gobierno progresista muestra su lado más conservador cuando se trata de abordar los problemas estructurales de los autónomos. Las medidas parche, los paréntesis fiscales y los parches temporales no ocultan una verdad incómoda: no hay un plan integral para rescatar a un colectivo que representa el 20% del empleo en España. La falta de una estrategia clara para combatir la morosidad, simplificar la administración o garantizar pensiones dignas evidencia que los autónomos no son una prioridad real en la agenda del ejecutivo.

Hasta que no entendamos que sin autónomos sanos no hay economía fuerte, seguiremos condenando a este país al estancamiento productivo. El Gobierno tiene la obligación de dejar de lado la retórica vacía y actuar con contundencia: menos declaraciones grandilocuentes y más medidas concretas que devuelvan la dignidad a quienes arriesgan todo para sacar adelante sus proyectos. El futuro de España depende en gran medida de que sepamos valorar y proteger a quienes realmente sostienen nuestro tejido empresarial.