La falta de independencia económica se configura como uno de los mayores obstáculos para que las mujeres víctimas de violencia de género logren escapar de su situación. El último informe de la Fundación Adecco, elaborado con encuestas a 490 mujeres que sufren o han sufrido maltrato, desvela que el 70% se siente significativamente más vulnerable y aislada cuando se encuentra en situación de desempleo.

La investigación, presentada en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora el 25 de noviembre, subraya el papel crucial que juega el empleo en el proceso de recuperación. Más de la mitad de las encuestadas (53%) considera que encontrar trabajo representa un paso imprescindible hacia su independencia y normalización vital.

Los datos judiciales de 2024 reflejan una estabilización en las denuncias por violencia de género, con 199.094 casos registrados -544 diarias-, cifra muy similar a la del año anterior. Esta meseta en las estadísticas, tras varios ejercicios de crecimiento sostenido, sugiere según los expertos una fase de consolidación en la visibilización del problema.

Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco, analiza esta evolución: "Si bien la estabilidad en el número de denuncias puede interpretarse como una consolidación del entorno de confianza y visibilización alcanzado en los últimos años, también plantea interrogantes sobre las posibles barreras que siguen frenando a las mujeres a la hora de pedir ayuda".

El informe destaca que el empleo no solo proporciona independencia económica, sino que también ofrece una red social que refuerza la confianza y el proyecto de vida de las víctimas. Entre las mujeres que participaron en el estudio, el 47% ya ha accedido a un trabajo, lo que les está permitiendo reconstruir su autonomía personal y profesional.

La situación actual contrasta con el punto de inflexión que supuso la pandemia, cuando las denuncias descendieron drásticamente por las dificultades de acceso a la ayuda. El progresivo repunte hasta alcanzar la actual estabilización en torno a las 200.000 denuncias anuales refleja, según el estudio, tanto la persistencia del problema como los avances sociales e institucionales en la detección y acompañamiento a las víctimas.