Una reunión técnica destinada a solucionar los problemas en la presa de Eiras ha servido para evidenciar una guerra política entre la Xunta de Galicia y el Concello de Vigo. El conflicto, latente por años sobre la titularidad de la infraestructura, estalló esta semana mientras más de 400.000 personas dependen de un suministro que ahora se considera bajo amenaza debido a válvulas en mal estado.

La Xunta de Galicia, a través de Augas de Galicia, lanzó una crítica directa al gobierno local de Abel Caballero, acusándolo de "desentenderse de su responsabilidad" en el abastecimiento desde Eiras. El organismo autonómico lamentó que el Concello no haya evaluado los riesgos ni facilitado la información necesaria para coordinar actuaciones.

Durante el encuentro, al que según la Xunta solo acudió Augas de Galicia con información y planificación concreta, se puso de manifiesto la gravedad de la situación. Las válvulas de la presa de Eiras, manipuladas en exclusiva por el Concello de Vigo, presentan deficiencias en dos de sus cuatro unidades. La concesionaria Aqualia, vinculada al ayuntamiento, se limitó a escuchar las propuestas y, a requerimiento de la Xunta, ejecutó parcialmente la apertura de una de las válvulas, "provocando su rotura", según la versión autonómica.

Por su parte, el alcalde Abel Caballero cargó contra la "actitude neglixente e gravísimamente irresponsable" de la Xunta. Caballero exige a la administración gallega que reponga "de forma inmediata" las válvulas, recordando que, desde un acuerdo de enero de 2023, es la Xunta quien está obligada a la conservación y mantenimiento de las instalaciones. "Para que nos botaron se non son capaces de mantela eles?", se preguntó el regidor.

El Consorcio de Augas do Louro, integrado por concellos como Mos, O Porriño, Salceda de Caselas y Tui, también está en el centro de la disputa, dado el impacto supramunicipal del problema. La Xunta ha formulado una actuación de emergencia valorada en 2 millones de euros, mientras el Concello de Vigo reclama una solución inmediata para unas piezas cuyo coste estima en 50.000 euros cada una. La falta de acuerdo y la priorización del conflicto político sobre el técnico mantienen en vilo el suministro de agua de toda una comarca.