La conselleira de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María M. Allegue, ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que gestione las viviendas de la Sareb para incorporarlas al parque público residencial de Galicia, tras el anuncio del Ministerio de sacar a concurso la gestión de 40.000 viviendas de esta sociedad.

Allegue, acompañada por el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, criticó que “el Gobierno central pretende que una inmobiliaria ponga a disposición de la ciudadanía estas viviendas en régimen de alquiler”.

La conselleira señaló que este procedimiento, “sin consenso ni diálogo”, no garantiza la cualificación de estas viviendas como públicas, ya que “no tendrán precios máximos de renta ni de venta” y obligarán a los ciudadanos a inscribirse en un registro distinto al ya existente en Galicia. “Esto genera confusión”, afirmó.

Allegue recordó que en múltiples ocasiones la Xunta ha solicitado, mediante cartas y reuniones bilaterales, multisectoriales y sectoriales, la cesión de más viviendas, una demanda también respaldada por el Parlamento gallego. De hecho, en el último Debate Anual sobre Política General, aprobado por unanimidad, se instó al Ministerio a realizar esta cesión, evitando así la utilización de 55 millones de euros de fondos públicos para empresas privadas, cuando las comunidades autónomas podrían gestionarlo directamente.

La conselleira explicó que, ante la falta de respuesta para la cesión de viviendas y suelos de la Sareb, la Xunta ha optado por adquirir directamente inmuebles de esta sociedad y acordar con los ayuntamientos la cesión de parcelas urbanas para continuar con la construcción de vivienda pública. “Cuando las administraciones dialogan pensando en el beneficio de los ciudadanos, se pueden alcanzar acuerdos. Si no, solo hay disputas estériles que no se entienden, especialmente en el contexto de falta de vivienda accesible”, señaló.

Incumplimiento de la ley estatal
Por su parte, el secretario general de Vivienda y Urbanismo, Heriberto García Porto, advirtió que la medida anunciada por el Ministerio constituye “un manifiesto incumplimiento de la Ley estatal de vivienda”, que busca fomentar la promoción de vivienda protegida, obliga a las comunidades a la adjudicación a través de sus propios registros de demandantes y promueve la colaboración entre administraciones.

Galicia fue en 2015 una de las primeras comunidades en firmar con la Sareb un convenio para la gestión, en usufructo, de medio centenar de viviendas, que fueron adjudicadas en régimen de alquiler accesible. En 2023, la Administración autonómica adquirió 40 inmuebles con fondos del Plan Estatal de Vivienda, con una inversión de más de 3,9 millones de euros. Posteriormente, en 2024, se adquirieron otras 22 viviendas por cerca de 2 millones de euros, 8 de ellas situadas en grandes ciudades (3 en Vigo, 3 en Lugo y 2 en A Coruña), y el resto en Cee, O Barco de Valdeorras y Sarria.

García Porto subrayó que la petición de la Xunta para la cesión de más viviendas y suelos también se realizó sin éxito a la nueva sociedad estatal pública de vivienda, a la que el Ejecutivo central traspasó los inmuebles de la Sareb, y que tampoco respondió a la solicitud de cesión de los suelos licitados en el marco del Proyecto Viena en Cangas y Ribeira, cuyo concurso quedó desierto.