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Actualizada Lunes, 08 de Junio de 2026 a las 09:20:21 horas

Redacción / Xornal21.es
Domingo, 23 de Noviembre de 2025 Tiempo de lectura:
Vigo

El PP exige la dimisión del subdelegado del Gobierno por sus declaraciones sobre la narcocasa de Cabral

Los populares registran una moción de urgencia tras acusar a Abel Losada de "alertar a traficantes" o "mentir" sobre una operación policial desarticulada.

La tensión política en Vigo alcanza un nuevo punto crítico. El Partido Popular ha registrado una moción de urgencia para exigir la dimisión inmediata del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, tras sus declaraciones sobre el caso de la narcocasa de Cabral, donde afirmó que los populares desarticularon una operación policial en ciernes.

 

 

Luisa Sánchez, presidenta local del PP, argumentó que "solo hay dos opciones: o miente y no es verdad que hubiese una operación policial prevista, o es él quien ha puesto sobre aviso a los traficantes al dar datos sobre las vigilencias e investigaciones en marcha". Los populares consideran que estas declaraciones constituyen una grave acusación que compromete la seguridad de las investigaciones policiales.

 

El conflicto surge después de que la formación conservadora visitara el lunes el barrio de Fontiñas de Arriba, en Cabral, para denunciar la situación de inseguridad que viven los vecinos debido a una casa ocupada donde, según sus afirmaciones, se trafica con drogas. Los residentes llevan más de dieciocho meses reclamando soluciones ante esta situación, que ha sido recogida por varios medios de comunicación nacionales.

 

Sánchez pronosticó que el alcalde Abel Caballero "vetará" esta moción utilizando su mayoría, mientras que sí permitirá debatir una iniciativa del PSOE sobre el AVE que, según los populares, "incumple el reglamento". Esta última moción socialista buscaría contrarrestar otra presentada por el PP para exigir la reprobación del ministro de Transportes, Óscar Puente.

 

Los populares anunciaron que trasladarán este asunto al Congreso de los Diputados, al considerar que se trata de un caso de "máxima gravedad" donde un cargo público estaría utilizando información oficial con fines políticos. La moción de urgencia quedará ahora sujeta a la decisión de la mesa municipal sobre su admisión a trámite.

 

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