La Fiscalía de Área de Vigo ha determinado el archivo de las dilixencias abiertas a instancias de la CIG contra la gestión del Servizo de Atención á Familia (SAF) en Ponteareas. En su resolución, notificada esta semana, el organismo judicial concluye que no aprecia "indicios de ilícito penal" en la intervención del gobierno local que preside la alcaldesa Nava Castro.

El documento fiscal analizó exhaustivamente la documentación remitida por el Concello y constató que la administración municipal desarrolló "una actividad de vigilancia del adecuado cumplimiento del contrato suscrito". La resolución destaca específicamente los distintos requerimientos de documentación realizados a la empresa adjudicataria y las actuaciones para enmendar "posibles incumplimientos de los pliegos técnicos, administrativos y normativa reguladora".

La investigación confirma que el gobierno local llegó a incoar expediente sancionador (exp. 5291/2024) por el retraso en la subsanación de defectos por parte de la empresa responsable del servicio. Asimismo, recoge que desde el inicio de la prestación el 14 de abril de 2025 se realizaron múltiples requerimientos por parte del Concello y una visita de inspección por los Servizos Sociais da Xunta.

La persistencia de deficiencias en la ejecución del contrato llevó al Concello a solicitar a la Consellería de Política Social "la suspensión de un servicio por alto riesgo en la protección de la salud de los trabajadores". El Servizo de Traballo Social municipal había emitido previamente un informe sobre la situación que anticipaba las comunicaciones realizadas por los denunciantes.

La Fiscalía subraya en su decisión que "el Concello ya estaba actuando sobre el objeto de las solicitudes, sin que se pueda apreciar una conducta omisiva prevaricadora, sino un intento de encauzar la actuación de la adjudicataria a las exigencias de los pliegos de condiciones".

El gobierno municipal valora esta resolución como una confirmación del "rigor e da legalidade coa que se actuou en todo momento" y reitera su compromiso con la transparencia y la defensa de los intereses de la vecindad. El archivo de las dilixencias supone un revés para la CIG, que había presentado la denuncia el pasado 24 de octubre solicitando la investigación por vía penal de la intervención municipal en el expediente del SAF.