La Policía Local desalojó esta semana a las trabajadoras del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas del salón de plenos municipal, donde habían permanecido encerradas durante la noche en protesta por el conflicto laboral que mantienen con la empresa concesionaria Óbolo. El desalojo se produjo horas después de que la alcaldesa, Nava Castro, suspendiera la sesión plenaria ordinaria ante lo que calificó como "situación de bloqueo y coacción" por parte de la oposición y las manifestantes.

Las empleadas, que cumplen 61 días en huelga, forzaron la suspensión del pleno al exigir que se debatiera al inicio de la sesión una moción para sancionar a la empresa concesionaria. La delegada sindical Digna Cardoso explicó que durante todo este tiempo de conflicto "a compañía aínda non foi quen de presentar na mediación a documentación xustificativa da correcta cotización e rectificación das nóminas con diferenzas salariais que volveron rexistrarse no mes de outubro".

La alcaldesa del Partido Popular se negó a modificar el orden del día, donde la moción aparecía en el punto 28, lo que provocó que los tres grupos de la oposición y las trabajadoras se levantaran y avanzaran hacia la mesa de presidencia "berrando de forma coordinada", según relató Castro en un comunicado.

En su declaración pública, la regidora denunció que los grupos de la oposición "coaccionaron á alcaldesa dicindo que se non se alteraba a orde do día, non deixarían celebrar o Pleno" y afirmó que su actitud estuvo "cargada dun evidente sesgo machista". "Uns tons, uns xestos e unas formas que non empregarían diante dun alcalde home", aseguró.

El conflicto laboral del SAF se ha intensificado en las últimas semanas, con concentraciones diarias frente al Concello que hasta ahora habían sido toleradas por la institución. Sin embargo, el encierro en el pleno y la posterior intervención policial para desalojar a las trabajadoras marca un punto de inflexión en un enfrentamiento que afecta a un servicio esencial de atención a familias en situación de dependencia.

La alcaldesa advirtió que "impedir un pleno, exercer presión física sobre a Presidencia e manifestar actitudes machistas contra unha alcaldesa non é protesta: é unha vulneración da democracia local" y aseguró que el Concello adoptará medidas para garantizar el normal desarrollo de las sesiones plenarias.