El conflicto del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Ponteareas escaló esta semana hasta paralizar el pleno municipal, con versiones radicalmente opuestas sobre lo ocurrido. Por un lado, el BNG denuncia "violencia institucional" por parte de la alcaldesa Nava Castro, acusando al gobierno municipal de negarse a debatir una moción para rescindir el contrato con la empresa concesionaria, aprobar los presupuestos "a puerta cerrada" y desalojar a las trabajadoras mediante "amenazas y presiones directas".

Por otro lado, la alcaldesa Castro denunció "coacción" y "actitudes machistas" por parte de la oposición durante la sesión plenaria, señalando que los grupos opositores "presionaron para alterar el orden del día y generaron una situación de bloqueo". La regidora justificó la decisión de continuar el pleno a puerta cerrada amparándose en el reglamento municipal y la "imposibilidad de garantizar el desarrollo normal" de la sesión.

El enfrentamiento se produce en el contexto de una huelga que cumple ya 61 días y que afecta a un servicio esencial para personas dependientes en el municipio. Las trabajadoras del SAF mantienen sus reclamaciones por incumplimientos de la empresa concesionaria Óbolo en cotizaciones y diferencias salariales, en un conflicto que ha evolucionado desde concentraciones pacíficas hasta el actual choque institucional.

Mientras el BNG exige el cese de lo que califica como "prácticas coercitivas" y la rescisión del contrato con la empresa, el gobierno municipal insiste en que actuó para proteger "el funcionamiento democrático de la institución". La crisis evidencia la fractura política en el Concello de Ponteareas y la dificultad para encontrar una solución a un conflicto laboral que sigue sin visos de resolverse.