Galicia ha dado esta semana un paso crucial para reforzar su resiliencia frente a un riesgo natural a menudo subestimado. El Consello da Xunta aprobó el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Terremotos en Galicia (Sismigal), un documento que actualiza y sustituye al plan de 2009 y establece el marco moderno de actuación para emergencias sísmicas en la comunidad.

La aprobación llega tras recibir informes favorables tanto de la Comisión Gallega de Protección Civil como del Consejo Nacional de Protección Civil. Su entrada oficial en vigor se producirá tras su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG), un trámite inminente que marcará el inicio de su despliegue operativo.

El Sismigal se erige como el manual estratégico que define la organización y los procedimientos de respuesta ante cualquier terremoto. Su alcance es integral: no solo coordina los recursos propios de la Xunta, sino también aquellos que puedan ser movilizados desde otras administraciones o del sector privado. El objetivo dual es claro: conocer en profundidad el riesgo sísmico del territorio gallego y aumentar la capacidad de recuperación de la población ante un evento de esta naturaleza.

Para lograrlo, el plan despliega un abanico de medidas concretas. Establece protocolos para la evacuación segura de personas, identifica lugares previamente designados para el alojamiento de afectados y garantiza la activación de mecanismos de asistencia sanitaria urgente. Además, prioriza la restauración rápida de servicios básicos como el suministro de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones y alimentación, al tiempo que define vías de comunicación alternativas para no colapsar la logística.

La solvencia del Sismigal se basa en un análisis técnico pormenorizado del riesgo. El documento incluye una caracterización de la peligrosidad y la vulnerabilidad sísmica, zonificada para todo el territorio, y detalla la estructura de mando que dirigiría la crisis, asignando responsabilidades específicas a cada servicio y organismo implicado.

Una vez publicado en el DOG, comenzará la fase crítica de implantación. Este proceso incluirá la distribución del plan a todos los organismos implicados y, de manera significativa, a los concellos con mayor riesgo sísmico, que son la primera línea de respuesta. Paralelamente, se pondrán en marcha campañas informativas dirigidas a la ciudadanía para divulgar medidas de autoprotección, porque la eficacia final de cualquier plan de emergencias reside también en una población bien informada.