Una marea de emprendedores, pequeños comerciantes y profesionales independientes llenó este domingo las calles de España con un mensaje claro: basta de precariedad. Miles de trabajadores autónomos se manifestaron simultáneamente en 21 ciudades del país, en una movilización convocada por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos para exigir un cambio radical en su reconocimiento fiscal y social.

En Galicia, la protesta reunió a unos 2.000 autónomos y autónomas en Santiago de Compostela. La marcha, de carácter familiar y pacífico, partió a las 11:00 horas del Paseo central de la Alameda y recorrió el corazón histórico de la ciudad —Rúa do Franco, Praza de Fonseca, Platerías, Quintana y Plaza de la Inmaculada— para finalizar con la lectura de un Manifiesto Nacional en la emblemática Praza do Obradoiro.

Las reivindicaciones coreadas a lo largo del día reflejan un malestar profundo y acumulado. El colectivo exige, como prioridades urgentes, una revisión inmediata y justa de las cuotas, una rebaja drástica de la carga fiscal y una protección social equiparable a la de los trabajadores asalariados. También reclaman la aplicación urgente de la exención del IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros, un apoyo real al pequeño comercio, la eliminación de trabas burocráticas y el derecho a permisos remunerados por enfermedad grave o duelo.

La protesta estatal, que tuvo réplicas desde Barcelona, Madrid y Sevilla hasta Valencia, Bilbao, Málaga y varias capitales insulares, supone un punto de inflexión en la organización del sector. La plataforma convocante ha dejado claro que este movimiento ciudadano “no piensa detenerse” hasta ser escuchado. “Este es solo el comienzo. No pedimos privilegios: pedimos justicia y dignidad para millones de autónomos en España”, declararon los portavoces, anunciando que mantendrán la presión para lograr una mesa de diálogo con el Gobierno que atienda sus demandas.

La masiva respuesta en una jornada dominical evidencia el agotamiento de un pilar fundamental de la economía, que clama por un marco legal que no les sitúe en una desventaja crónica frente a otros modelos laborales.