La plena inclusión de las personas con discapacidad en Galicia tropieza cada día con barreras infranqueables que vulneran sus derechos fundamentales. Con motivo del Día Internacional de las Persoas con Discapacidade, que se conmemora este 3 de diciembre, la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) ha lanzado un contundente informe en el que alerta de que la falta de accesibilidad, la discriminación en el empleo y la insuficiencia de apoyos impiden el ejercicio de una ciudadanía plena para las 246.942 personas con discapacidad reconocidas en la comunidad, de las cuales 10.786 son menores de 15 años.

El documento, respaldado por más de 50 entidades, subraya que la discriminación continúa siendo una experiencia cotidiana. Una de las cifras más graves a nivel estatal revela que solo el 0,6% de los edificios en España son plenamente accesibles, una obligación legal incumplida que deja a unas 100.000 personas con movilidad reducida prácticamente confinadas en sus hogares sin posibilidad de salir. COGAMI exige la creación de un Fondo Estatal pola Accesibilidade Universal para financiar las costosas adaptaciones necesarias en las comunidades de vecinos.

En el ámbito laboral, la desigualdad es palmaria. La tasa de paro del colectivo en Galicia alcanza el 15,4%, casi seis puntos por encima de la media gallega (9,6%). La confederación reclama el cumplimiento estricto de la reserva del 2% de plazas en empresas de más de 50 trabajadores y un mayor impulso a las iniciativas de economía social que generen oportunidades dentro del propio colectivo.

El sistema de valoración y reconocimiento de la discapacidad también presenta graves deficiencias. Casi la mitad de las personas (48%) espera más de un año para obtener el certificado, un documento clave para acceder a recursos públicos. En Galicia, los plazos se han alargado con el nuevo baremo, pasando de 6-7 meses a entre 7 y 10 meses de espera, además de existir una falta de equidad en las valoraciones, que varían según el territorio y el equipo evaluador.

La educación inclusiva dista mucho de ser una realidad. COGAMI denuncia que el 20% del alumnado con discapacidad sufre segregación educativa y que la tasa de quienes alcanzan estudios superiores es muy inferior, debido a barreras como la falta de viviendas adaptadas en ciudades universitarias, la carencia de infraestructuras accesibles en las facultades y la insuficiencia de becas.

El colectivo demanda una atención específica para los grupos más vulnerables. Las mujeres, que suponen el 51,63% de las personas con discapacidad en Galicia, afrontan una discriminación interseccional agravada, mientras que la infancia y la juventud se convierten en el grupo más invisible, con una escasez crítica de apoyos para la autonomía y la escolarización.

COGAMI reclama un cambio de modelo que pase del asistencialismo a un sistema basado plenamente en los derechos humanos. Para ello, es urgente reforzar la financiación del movimiento asociativo, integrar los sistemas social y sanitario en un espacio sociosanitario único y aprobar una Lei de Garantía de Dereitos e Servizos Sociais que universalice la atención. La accesibilidad, concluyen, no es un lujo, sino un derecho básico cuya ausencia condena a la exclusión.