La presión sobre la clase política para que resuelva el laberinto administrativo y legal de los cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha subido varios enteros. El Colectivo IMV Afectados y Afectadas ha logrado, tras casi dos años de silencio institucional, llevar sus reclamaciones a las sedes de los principales partidos con un mensaje contundente: la situación es "insostenible" y requiere medidas inmediatas, no meras declaraciones de intenciones.

Durante una serie de reuniones mantenidas a lo largo de los últimos meses, los representantes del colectivo, acompañados por expertos en derecho social y lucha contra la pobreza, han expuesto ante responsables del Partido Popular, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya y el PSOE la cruda realidad de miles de hogares. Les han trasladado casos documentados de personas atrapadas en procedimientos de embargo, reclamaciones paralizadas durante años y errores de la propia Administración que ahora se traducen en deudas impagables para los más vulnerables.

"Les hemos trasladado la gravedad de los cobros indebidos del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las consecuencias legales, económicas y sociales que esta situación continúa generando", explicaron desde el colectivo. El impacto, según detallaron, es profundo y estructural, afectando a personas con contratos temporales injustamente penalizadas y a familias en riesgo de exclusión sometidas a un estrés económico y judicial constante.

Frente a esta realidad, la respuesta política ha sido desigual. El Partido Popular, que recibió al colectivo por primera vez en noviembre de 2023, reactivó su interés este año. Tras una segunda reunión en marzo de 2025, su grupo parlamentario ha formulado seis preguntas escritas en el Congreso y otras cinco en el Senado, firmadas por una veintena de diputados y senadores, que aún están pendientes de respuesta por parte del Gobierno.

Por su parte, Sumar celebró dos encuentros. Tras un primer contacto poco fructífero, una segunda reunión con la diputada Aina Vidal y su jefe de gabinete derivó en una pregunta parlamentaria conjunta registrada en el Congreso. Desde Esquerra Republicana, el diputado Jordi Salvador también atendió al colectivo, mientras que del PSOE recibieron a los diputados Alberto Mayoral y Mónica Ríos García.

El mensaje final tras todos estos encuentros es claro y representa un ultimátum cívico. Los representantes políticos han quedado emplazados a pasar de las palabras a los hechos. El colectivo exige acciones concretas: desde reformas normativas con carácter retroactivo desde 2020 –año de implantación de la prestación– hasta instrucciones claras para la Administración, auditorías de los procesos y la revisión urgente de los expedientes de cobro indebido aún abiertos.

"La ciudadanía afectada estará atenta a los pasos que cada responsable decida dar", advirtieron. Con el lema "El tiempo de las excusas terminó: es el momento de actuar", el colectivo ha logrado colocar una crisis humanitaria y administrativa en la agenda política, exigiendo que la promesa de no dejar a nadie atrás se convierta, por fin, en una realidad tangible para las familias que sobreviven al límite.