La gestión de las inversiones municipales en la provincia de Pontevedra vuelve a acumular retrasos administrativos. El Pleno de la Diputación Provincial ha aprobado una prórroga generalizada que otorga a los concellos seis meses adicionales para ejecutar y justificar proyectos de la línea de inversiones del Plan + Provincia 2024, lo que supone un aplazamiento efectivo de obras y actuaciones pendientes.

Según el acuerdo plenario número 5.8542, adoptado el 28 de noviembre y publicado esta semana en el Boletín Oficial de la Provincia, el plazo para realizar físicamente las inversiones se amplía hasta el 30 de septiembre de 2026, mientras que el período para presentar la documentación justificativa se extiende hasta el 31 de octubre de 2026. Esta modificación afecta a todos los proyectos incluidos en la Liña 1 de Investimentos de este plan.

La prórroga sistemática de los plazos refleja las dificultades crónicas de ejecución que arrastran las administraciones locales. La medida, que oficialmente busca "facilitar la adaptación de los proyectos", evidencia en la práctica un retraso generalizado en la materialización de infraestructuras y equipamientos municipales financiados con fondos provinciales.

Esta ampliación afecta también a las solicitudes de modificación de proyectos, cuyo plazo se ha extendido hasta el 31 de mayo de 2026. Los nuevos calendarios sustituyen y dejan sin validez los plazos originales establecidos en las bases reguladoras aprobadas en diciembre de 2023.

La decisión, firmada por el presidente de la Diputación, Luis López Diéguez, se produce cuando muchos municipios arrastraban ya incumplimientos inminentes de los plazos originales. La medida, disponible en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (identificador 736390), plantea interrogantes sobre la capacidad de gestión y la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversiones provincial.

Este nuevo retraso en la materialización de obras públicas se suma a una tendencia recurrentes en la administración local gallega, donde los plazos teóricos de ejecución suelen dilatarse mediante prórrogas sucesivas, demorando la llegada efectiva de mejoras e infraestructuras a la ciudadanía