GALICIA
La Xunta defiende el proceso participativo de la nueva Ley de Administración Local pese a la abstención de la oposición
El Gobierno gallego ha empezado a desgranar en el Parlamento las líneas maestras de la nova Lei de Administración Local de Galicia, una norma que pretende ser estruturante para o eido municipal y que iniciará su tramitación parlamentaria en 2026 con el objetivo de ser aprobada dentro de la actual legislatura. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió con firmeza el proceso participativo llevado a cabo durante la redacción del borrador, al tiempo que cargó contra la oposición por su ausencia en dicho proceso.
En su comparecencia, Calvo desglosó las vías de participación impulsadas, que incluyeron enquisas ás entidades locais e á cidadanía, la elaboración de estudios específicos y el análisis en foros y congresos con académicos, expertos e profesionais. Sin embargo, lamentó expresamente "a falta de participación dos partidos da oposición nas diferentes canles e mecanismos impulsados polo Goberno galego", una crítica dirigida a quienes ahora, según dijo, cuestionan el proceso.
La futura ley se articula sobre varios ejes clave: reforzar o autogoberno municipal, clarificar el reparto competencial, abordar un novo sistema de financiamento dentro del marco autonómico e fomentar la cooperación intermunicipal. Según expuso el conselleiro, el texto pretende ser una herramienta de apoyo sólida para los 313 concellos gallegos.
Uno de los pilares financieros que la norma quiere consolidar es o Fondo de Cooperación Local, cuya dotación no ha dejado de crecer. Calvo destacó que la partida para 2026 alcanzará os 187 millóns de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio actual. Este fondo es fundamental para mejorar la suficiencia financeira dos concellos, uno de los objetivos declarados de la reforma.
La intervención del conselleiro marca el pistoletazo de salida del debate político en torno a una ley que aspira a modernizar y dar estabilidad al marco local gallego. El Gobierno autonómico busca ahora despejar el camino parlamentario para una norma que considera imprescindible, aunque su tramitación promete ser compleja en un hemiciclo donde no cuenta con mayoría absoluta.

El Gobierno gallego ha empezado a desgranar en el Parlamento las líneas maestras de la nova Lei de Administración Local de Galicia, una norma que pretende ser estruturante para o eido municipal y que iniciará su tramitación parlamentaria en 2026 con el objetivo de ser aprobada dentro de la actual legislatura. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, defendió con firmeza el proceso participativo llevado a cabo durante la redacción del borrador, al tiempo que cargó contra la oposición por su ausencia en dicho proceso.
En su comparecencia, Calvo desglosó las vías de participación impulsadas, que incluyeron enquisas ás entidades locais e á cidadanía, la elaboración de estudios específicos y el análisis en foros y congresos con académicos, expertos e profesionais. Sin embargo, lamentó expresamente "a falta de participación dos partidos da oposición nas diferentes canles e mecanismos impulsados polo Goberno galego", una crítica dirigida a quienes ahora, según dijo, cuestionan el proceso.
La futura ley se articula sobre varios ejes clave: reforzar o autogoberno municipal, clarificar el reparto competencial, abordar un novo sistema de financiamento dentro del marco autonómico e fomentar la cooperación intermunicipal. Según expuso el conselleiro, el texto pretende ser una herramienta de apoyo sólida para los 313 concellos gallegos.
Uno de los pilares financieros que la norma quiere consolidar es o Fondo de Cooperación Local, cuya dotación no ha dejado de crecer. Calvo destacó que la partida para 2026 alcanzará os 187 millóns de euros, lo que supone un incremento del 12% respecto al ejercicio actual. Este fondo es fundamental para mejorar la suficiencia financeira dos concellos, uno de los objetivos declarados de la reforma.
La intervención del conselleiro marca el pistoletazo de salida del debate político en torno a una ley que aspira a modernizar y dar estabilidad al marco local gallego. El Gobierno autonómico busca ahora despejar el camino parlamentario para una norma que considera imprescindible, aunque su tramitación promete ser compleja en un hemiciclo donde no cuenta con mayoría absoluta.




























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