Galicia se encuentra ante un bloqueo sen precedentes en el despliegue de la energía eólica, una parálisis que no se da en ninguna otra comunidad autónoma y que amenaza su desarrollo económico y sus objetivos climáticos. Así lo denunció esta semana en el Parlamento la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, quien lamentó que resoluciones judiciales gallegas estén frenando proyectos pese a que tanto el Tribunal Supremo español como o de Xustiza da UE avalan la tramitación ambiental realizada por la Xunta.

Vázquez respondió a una interpelación alertando de que esta situación de "insecuridade xurídica permanente" está provocando que las empresas miren hacia otros territorios, con el consiguiente riesgo de pérdida de "grandes investimentos e postos de traballo". Además, subrayó que sin un impulso claro a las renovables, Galicia verá dificultado su camino para convertirse en una "rexión neutra en emisións", frustrando el interés público europeo por la descarbonización.

La conselleira defendió con firmeza el trabajo de los técnicos de su departamento, que realizan las evaluaciones ambientales "de xeito rigoroso, libre e independente". Como prueba de ese rigor, destacó que máis dun terzo de los proyectos eólicos presentados entre 2022 y 2024 recibieron una avaliación ambiental desfavorable.

Este criterio técnico, según Vázquez, cuenta con el aval inequívoco de la justicia superior. Recordó que el Tribunal Supremo emitiu catro sentenzas –ante recursos del Gobierno gallego– que consideran "impecable" la tramitación ambiental gallega, una postura refrendada en agosto por el Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE).

La responsable autonómica censuró el contraste entre estas doctrinas y las numerosas resoluciones judiciales en Galicia que suspenden proyectos con distintos argumentos. Esta disparidad, afirmó, genera una "situación de parálise" única en el Estado que pone en riesgo "moitos investimentos" y que puede hacer que Galicia "perda o tren do desenvolvemento das renovables".

Ante esta situación, Vázquez aseguró que la Xunta "vai seguir defendendo nos tribunais" la legalidad de su tramitación ambiental, que, insistió, se realiza dando "plenas garantías a todas as partes". El mensaje fue claro: el bloqueo judicial no solo frena la transición energética, sino que sitúa a Galicia en una desvantaxe competitiva crítica frente al resto de España en la carrera por la inversión verde.