La creciente reducción de efectivos en la Unidad de Policía Nacional Adscrita (UPA) en Galicia está a punto de provocar un colapso en servicios esenciales que actualmente presta. El Gobierno gallego ha advertido esta semana al Ejecutivo central de que, si no se remedia la situación y se firma un nuevo convenio, dejará de poder garantizar la prestación de competencias que son exclusivamente estatales, entre las que destaca de manera crítica la protección a víctimas de violencia de género.

Esta advertencia se trasladó en una reunión en la que participó el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, donde se comunicó la total disposición de la Xunta para alcanzar un acuerdo consensuado. Sin embargo, la "falla de vontade" y la ausencia de diálogo por parte del Ministerio del Interior están, según el Gobierno autonómico, abocando a la UPA a una situación límite. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamentó que esta imposibilidad de avanzar impida cubrir las plazas pendientes para completar el cupo de 500 agentes, ya que la unidad opera actualmente con solo 338 efectivos, muy por debajo de su capacidad.

La advertencia es clara: si la bajada de efectivos continúa, la UPA solo podrá asumir los servicios de competencia autonómica. "Non é posible garantir a prestación de servizos que non son competencia autonómica", se comunicó a los representantes del Gobierno central, quien, como autoridad competente, deberá hacerse cargo directamente de ellos. El caso más urgente es el de la protección en casos de violencia de xénero, un servicio de competencia exclusivamente estatal en el que la Xunta colabora desde 2016 por acuerdo. Galicia es una excepción, ya que otras comunidades no prestan este apoyo a través de sus policías adscritas.

Nueve meses de espera para una respuesta

El bloqueo se arrastra desde hace nueve meses. En febrero, el presidente de la Xunta y el conselleiro Diego Calvo ya trasladaron una propuesta concreta al ministro del Interior. La oferta gallega consistía en mantener las condiciones vigentes para los efectivos actuales y que las nóminas de las nuevas plazas se asumieran según las condiciones del Ministerio. A día de hoy, no ha habido ningún pronunciamiento al respecto por parte del Ejecutivo estatal.

La situación financiera es el núcleo del conflicto. Actualmente, el Estado paga los salarios de los agentes y la Xunta asume su productividad y el resto de costes de funcionamiento. La nueva exigencia ministerial, según el Gobierno gallego, es que las nóminas se asuman al 50% y que la comunidad autónoma siga pagando todos los gastos de funcionamiento. Esta fórmula, advierten desde Santiago, multiplicaría por tres el presupuesto autonómico destinado a la UPA.

Ante la imposibilidad de asumir este sobrecoste y la falta de acuerdo, la Xunta ya se ha visto "abocada a reducir os efectivos" de la UPA en edificios administrativos. El mensaje final de Calvo fue una esperanza de reacción: el Gobierno gallego aguarda una respuesta del Ministerio para "poder avanzar na toma de decisións e desbloquear esta situación que Galicia, desde logo, non quere". Mientras tanto, la protección de las víctimas más vulnerables pende de un hilo.