La justicia administrativa ha dado un revés a las pretensiones del Concello de Vigo frente a su vecino de O Porriño en el largo conflicto por los costes asociados al embalse de Eiras. Dos sentencias del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo han estimado íntegramente el recurso interpuesto por el Concello do Porriño, declarando nulo el acuerdo plenario que Vigo adoptó en marzo de 2023 para modificar unilateralmente lo que el municipio debía pagar. Como consecuencia, también quedan anuladas las liquidaciones bimensuales por un importe cercano a los 150.000 euros que Vigo había reclamado durante ese año.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha subrayado la importancia de un fallo que, a su juicio, confirma un principio básico: “Pagaremos o que nos corresponda, en concepto de mantemento das infraestruturas, e non o que Vigo decida e impoña unilateralmente”. Lorenzo recordó que la disputa no es por el suministro de agua en sí –para lo que O Porriño cuenta con una concesión otorgada en 1962 por el Ministerio de Obras Públicas–, sino por la participación en los costes de mantenimiento de las infraestructuras de captación y conducción.

El origen del litigio se remonta a un acuerdo de 1998, también determinado de forma unilateral por Vigo, que establecía la participación de O Porriño en los costes de mantenimiento y, principalmente, un pago vinculado a la construcción de un canal. Dicho canal quedó totalmente amortizado en 2023, momento en el que el Concello de Vigo decidió actualizar los costes y establecer un nuevo canon. Sin embargo, lo hizo sin negociación previa, “sen xustificación suficiente e sen competencia para impoñelo unilateralmente”, tal y como ahora ha corroborado la sentencia.

El fallo judicial no se limita a anular las actuaciones viguesas, sino que realiza una firme exhortación al diálogo entre ambas administraciones. El magistrado insta a las partes a “sentar adecuadamente, con solidez, os cimentos desta relación xurídica que indudablemente as vincula”, advirtiendo de lo contrario de una “cascada litixiosa”. En este sentido, el juez considera “óptimo que abandonasen a unilateralidade” y que se reúnan para examinar la cuestión, “despexando aspectos como os gastos de mantemento da presa de Eiras”. Asimismo, indica que Vigo debe actuar con “auténtica transparencia” y poner a disposición de O Porriño la documentación detallada de los gastos reales.

El alcalde Lorenzo ha destacado que esta disposición al entendimiento lleva años siendo ofrecida por su Concello sin obtener respuesta por parte de Vigo. “Na propia sentenza se ratifica o que xa vimos pedindo dende fai tempo, a necesidade da existencia dun entendemento entre administracións”, concluyó el regidor, quien reiteró su compromiso de seguir “defendendo o que é xusto e garantindo unha xestión responsable dos recursos públicos”. Las sentencias suponen, por el momento, un freno judicial a una reclamación económica y una oportunidad para reencauzar la negociación sobre un recurso esencial.