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Domingo, 07 de Diciembre de 2025 Tiempo de lectura:
VIGO

Más de 250 docentes crean en Vigo un nuevo frente de lucha contra la política educativa

El malestar en las aulas gallegas ha dado un paso organizativo. Más de 250 docentes de la provincia de Pontevedra, con asistencia también de profesorado de Santiago y Bergantiños, se reunieron este jueves en el IES República Oriental do Uruguai de Vigo para constituir las Asembleas Abertas do Ensino Público, un nuevo espacio de mobilización asemblearia e participativa que busca canalizar la lucha por una "mellora real" del sistema educativo gallego.

 

 

El encuentro, que partió de las asambleas intercentros celebradas en Vigo desde septiembre, sirvió para compartir la situación crítica que atraviesa la enseñanza pública y organizar líneas de acción a gran escala. Su objetivo declarado es crear un lugar donde el profesorado "poida falar con liberdade, tecer rede e mobilizarse de xeito colectivo", con la voluntad explícita de "tumbarlle o pulso á Consellería" de Educación.

 

Los promotores subrayan que el espacio non pretende substituír ningún sindicato, sino "axudar a vertebrar e coordinar a mobilización" desde un sindicalismo asembleario, participativo e aberto. "O obxectivo é mellorar o ensino público entre todas", afirmaron.

 

Durante la asamblea se expusieron las problemáticas comúns que azotan a los centros: falta de calefacción, ratios inasumíbeis, servizos de orientación colapsados, carencia de personal de Audición y Lenguaje, Pedagogía Terapéutica y servicios sanitarios, infraestruturas degradadas, problemas de lixo e pragas, orzamentos conxelados desde 2017, sobrecarga burocrática y una sensación xeral de abandono institucional.

 

Este movimiento surge de lo que definen como "descontento xeneralizado" y la "normalización da precariedade no ensino público". Con la constitución formal de las Asembleas Abertas, el profesorado implicado pretende pasar de la queja a la acción coordinada, presionando para revertir lo que consideran un deterioro sostenido de las condiciones laborales y, sobre todo, educativas. El mensaje es claro: exigen que la Administración escuche y actúe, y están dispuestos a forzar ese cambio desde la base.

 

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