La batalla judicial por la gestión del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en Ponteareas ha concluido con una sentencia favorable ao Concello. El Xulgado do Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso interpuesto por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra la resolución del Tribunal Administrativo de Contratación Pública, que ya había avalado los pliegos de contratación del servicio de dependencia.

La sentencia, hecha pública este viernes, confirma que el gobierno local actuó "conforme á legalidade vixente", cumpliendo con las obligaciones de información sobre la subrogación de persoal previstas en la Ley de Contratos del Sector Público. El fallo reconoce que el Concello requirió a la empresa adjudicataria, Aralia Servizos Sociosanitarios, la lista de trabajadores y sus condiciones laborales, información que fue incluida en los pliegos para permitir a los licitadores valorar correctamente los costes.

La resolución judicial subraya que non corresponde ao Concello establecer ou modificar as condicións laborais, una cuestión que pertenece al ámbito laboral y a la jurisdicción social. Con ello, se desmonta el argumento central del recurso sindical.

Esta sentencia se suma a una resolución anterior da Fiscalía, que archivó una denuncia de la CIG por supuestas irregularidades en la gestión del SAF al no apreciar delito. "Dúas sentencias que avalan o procedemento seguido polo Concello", destacó la administración local.

El gobierno de Nava Castro aprovechó para recordar que recientemente ampliou o contrato do SAF para eliminar las listas de espera y beneficiar a arredor de 160 familias con grados II y III de dependencia. Durante los meses de conflicto y huelga, solo pudieron atenderse unas 60 personas, una situación que evidenció la necesidad de reforzar el servicio. Con el restablecimiento completo, el objetivo es "eliminar progresivamente as listas de agarda" y garantizar una atención más eficaz e inmediata.

Con este doble aval judicial, el Concello cierra un capítulo de incertidumbre y reafirma su compromiso con la continuidade dun servizo esencial, insistiendo en que siempre actuará "respectando a legalidade e os dereitos laborais" de los trabajadores subrogados.