La Ley de Segunda Oportunidad consolida una vía de alivio para el sobreendeudamiento, pero también alimenta un debate social sobre la equidad. El mecanismo, que permite exonerar de media el 78,36% de la deuda por persona, plantea una pregunta incómoda: ¿premia indirectamente a quienes no han podido o no se han esforzado por pagar, en detrimento de aquellos que sí realizan grandes sacrificios para cumplir con sus acreedores?

Los datos son contundentes. El año pasado se condonaron más de 2.471 millones de euros en deudas de consumo a través de este procedimiento, que benefició a más de 50.000 personas. Mientras, millones de españoles mantienen un esfuerzo continuado para afrontar sus préstamos y créditos, a menudo recortando gastos esenciales, ante un nivel de endeudamiento que ha vuelto a cifras récord.

El perfil mayoritario del beneficiario —un hombre de 45 a 50 años, con empleo o en desempleo— refleja situaciones de evidente dificultad, como paro, enfermedad o cierre de negocios. Sin embargo, la percepción entre una parte de la ciudadanía es que el sistema establece una suerte de doble rasero: una vía rápida de condonación para unos, frente a la carga persistente para quienes priorizan el pago a cualquier costo.

Esta sensación se acentúa por la agilización del proceso, que ahora dura una media de 242 días, y porque el 90% de los casos son “sin masa”, es decir, para deudores sin bienes significativos. Para muchas familias que observan desde fuera, el sacrificio de años para pagar parece quedar en desventaja frente a un procedimiento legal que, aunque exigente, culmina con la cancelación de la mayor parte del pasivo.

El procedimiento no es sencillo ni accesible para todos. Requiere que las deudas superen los 8.000 euros, se hayan contraído en España y se acredite la imposibilidad real de pago por causas justificadas. No cubre a empresarios con estructura ni a deudores con antecedentes penales económicos. Aún así, la cifra de condonaciones millonarias proyecta una sombra de cuestión moral sobre el mérito del esfuerzo individual frente al alivio colectivo.

Mientras la ley cumple su objetivo de ofrecer una nueva oportunidad a miles de familias al borde de la exclusión, el desafío para las instituciones es transparentar su aplicación y comunicar sus rigurosos requisitos, para atenuar la percepción de injusticia entre quienes ven en el pago de las deudas un principio inquebrantable de responsabilidad personal.