La supresión del peaje en la AP-9 se ha convertido en la principal reivindicación conjunta de Galicia, Asturias y Castilla y León. Las tres comunidades autónomas han formado un frente común para exigir al Gobierno central que proceda al rescate y liberalización de esta autovía y de la AP-66, tras el dictamen de la Comisión Europea que abre esta posibilidad. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Xunta, María M. Allegue, calificó la vía como un "elemento integrador e clave para a competitividade" de toda la región noroeste.

La reunión de trabajo, celebrada en Santiago de Compostela y promovida por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), sirvió para escenificar esta alianza territorial. Durante su intervención, Allegue fue contundente al afirmar que la demanda trasciende el interés gallego y busca un modelo de país con igualdad de oportunidades para todos los territorios. "Non imos permitir que se poña en riesgo o crecemento das nosas respectivas comunidades autónomas", señaló.

La conselleira lanzó un ultimátum al Gobierno central, advirtiendo que si antes de fin de año no reciben el expediente completo del dictamen europeo, la Xunta "valorará todas as opcións previstas legalmente". La tensión con el Ministerio de Transportes es palpable, según Allegue, quien recordó que la Xunta ha solicitado en ocho ocasiones una reunión con el ministro Óscar Puente sin obtener respuesta.

Asimismo, criticó el "silencio" estatal ante el estudio técnico enviado por la Xunta, que según fuentes próximas a la consellería cifra el coste del rescate en 2.356 millones de euros, una cantidad similar a las bonificaciones que se pagarían hasta el fin de la concesión actual.

Las críticas se extendieron más allá de la cuestión de los peajes. Allegue contrapuso la política de inversión en infraestructuras de la Xunta, con un presupuesto de 263 millones para 2026, a las "débedas pendentes" del Estado con Galicia. Entre estas deudas citó la necesidad de completar ejes viarios como la A-54 (Lugo-Santiago), la A-56 (Lugo-Ourense) o la A-76 que uniría Ourense con Ponferrada.

"Galicia está a facer a súa parte. Investimos, planificamos, presupostamos e executamos. Pero para que o Noroeste avance unido, forte e competitivo, é imprescindible que o Estado tamén cumpra a súa parte", concluyó la conselleira, marcando un nuevo nivel de confrontación en una reivindicación que ha unido a tres comunidades autónomas.