La implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), obligatoria por ley en ciudades de más de 50.000 habitantes, se ha convertido en uno de los debates urbanos más intensos de los últimos años. Lo que en principio se presentó como una medida para mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación, hoy genera dudas sobre su eficacia y, sobre todo, sobre su impacto social.

Algunos ayuntamientos han optado por retrasar o suavizar la aplicación de la norma, conscientes de la resistencia ciudadana y de las dificultades prácticas que conlleva. No son pocos quienes consideran que las ZBE han fracasado en su objetivo inicial, reducir emisiones sin provocar un coste desproporcionado para la población. La paradoja es evidente, se busca proteger la salud pública, pero se corre el riesgo de agravar desigualdades sociales.

Para muchos ciudadanos, las ZBE suponen trastornos cotidianos. La movilidad se complica, los gastos se multiplican y la obligatoriedad de cambiar de hábitos se traduce, en ocasiones, en la necesidad de adquirir un nuevo vehículo. Una decisión que no siempre responde a la lógica de la sostenibilidad, sino a la imposición normativa. ¿Es justo obligar a un trabajador con ingresos modestos a endeudarse para comprar un coche eléctrico o híbrido, cuando apenas llega a fin de mes?

La política pública debería tener en cuenta estas realidades. No basta con diseñar medidas “verdes” si en el camino se deja atrás a quienes menos recursos poseen. Las ayudas económicas, tal y como están planteadas, a menudo se convierten en un espejismo, incentivos que terminan endeudando aún más a las familias, en lugar de ofrecer una solución real.

La alternativa más lógica parece ser el fomento del transporte público. Sin embargo, en muchas ciudades este servicio sigue siendo insuficiente, caro o poco fiable. Sin una red sólida de autobuses, trenes y tranvías, las ZBE se convierten en un obstáculo más que en una oportunidad. La transición ecológica exige inversión en infraestructuras, planificación a largo plazo y un compromiso político que vaya más allá de la simple prohibición.

En definitiva, las Zonas de Bajas Emisiones plantean un dilema: ¿cómo equilibrar la necesidad urgente de reducir la contaminación con la obligación de garantizar justicia social? Si se insiste en aplicar la norma sin atender a las desigualdades, el resultado será un modelo urbano excluyente, donde la sostenibilidad se convierte en privilegio de unos pocos. La verdadera política verde no debería consistir en cargar el peso de la transición sobre los hombros de los ciudadanos más vulnerables, sino en construir soluciones colectivas que hagan compatible el derecho a respirar aire limpio con el derecho a una movilidad accesible y justa