El Concello de O Porriño ha regulado una figura urbanística que fusiona el interés público con el negocio privado: las zonas verdes de titularidad privada pero de uso público. La aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza 11.3 del Plan General, con el nuevo artículo 11.3.19, establece que estos espacios tendrán una servidumbre permanente de uso público, pero el suelo seguirá siendo de propiedad privada.

La normativa, aprobada el 24 de noviembre y ahora en exposición pública, busca formalmente garantizar el acceso ciudadano a estos jardines o arbolados. Sin embargo, la letra pequeña de la ordenanza revela una estrategia de aprovechamiento económico del subsuelo. Mientras la superficie se dedica a “estancia, paseo y descanso”, bajo tierra podrán autorizarse, sin límite aparente de superficie, aparcamientos, locales comerciales, restaurantes, almacenes e incluso instalaciones religiosas o educativas.

Expertos consultados por Xornal21 aseguran que esta dualidad formula una pregunta de fondo: ¿se están creando verdaderos pulmones verdes o una capa superficial verde sobre una base de actividad comercial privada? La legitimidad pública de estos espacios se ve cuestionada, según los expertos, por dos factores clave. En primer lugar, la ordenanza establece de forma explícita que estas zonas no computarán para el cumplimiento de las reservas mínimas de zonas verdes públicas que exige la ley, ya que esta obligación solo se satisface con terrenos de titularidad municipal.

En segundo lugar, aunque los usos en superficie tienen limitaciones (no pueden superar el 5% del área y solo una planta), los usos bajo tierra solo requieren una “justificación de su compatibilidad”, un concepto subjetivo que deja un amplio margen de maniobra. La normativa prohíbe expresamente actividades que limiten el acceso, pero la posibilidad de que bajo un jardín público de acceso libre se construya un aparcamiento o un supermercado puede alterar por completo la naturaleza y el uso del espacio.

La iniciativa, firmada por el alcalde Manuel Alejandro Lorenzo Alonso, expone la tensión constante entre la necesidad de dotaciones públicas y la presión sobre el suelo. La filosofía de la modificación parece ser la de obtener servicios públicos (zonas peatonales verdes) sin que el Ayuntamiento tenga que asumir el coste de expropiar o gestionar el suelo, cediendo a cambio el aprovechamiento económico del subsuelo a la propiedad privada.

El período de información pública, de 30 días, es la fase para que la ciudadanía y los colectivos examinen una regulación que, si bien resuelve un vacío legal, consagra un modelo donde el "verde público" puede tener un corazón de cemento e intereses particulares. La eficacia del modelo dependerá de una fiscalización rigurosa para evitar que el objetivo de conservación ambiental y disfrute colectivo quede supeditado a la rentabilidad de los usos bajo tierra.