El informe oficial de la Inspección de Trabajo determina que tanto la empresa concesionaria del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de O Porriño, Aralia, como el propio Concello conocían la situación de vulnerabilidad y acoso que sufría la trabajadora Teresa de Jesús Rodríguez González antes de su asesinato en julio. El documento, hecho público por la CIG, concluye que su muerte fue consecuencia directa de la ausencia total de medidas de prevención de riesgos laborales.

La investigación corrobora así las denuncias del sindicato, que ahora exige la depuración de responsabilidades empresariales y políticas, y señala que la tragedia evidencia deficiencias sistémicas y una desprotección estructural en el servicio.

El secretario general de la CIG, Paulo Carril, anunció que utilizarán este informe para impulsar la responsabilidad penal en la causa abierta. Carril acusó a la Xunta de no garantizar un protocolo de seguridad "ágil y eficaz" y de "mentir" al presentar como definitivo un mero documento de trabajo.

Un modelo que fuerza a asumir riesgos

El informe, fechado el 28 de noviembre, detalla que la empresa forzó a la trabajadora a acudir al domicilio peligroso a pesar de que ella había manifestado su temor. Ester Mariño, técnica de Igualdad de la CIG en Vigo, subrayó la gravedad de este hecho: "Muestra algo inasumible: que la protección de las trabajadoras quede en sus manos a costa de renunciar a horas y salario. Es un condicionante que hace que muchas opten por no denunciar".

La autoridad laboral va más allá y señala que el derecho legal a interrumpir la actividad ante un riesgo grave "queda neutralizado" en este servicio. La presión por garantizar la continuidad del cuidado y la amenaza de perder las horas de ese domicilio –y con ellas parte del salario– actúan como una coacción sobre las empleadas.

Sanciones y un sistema fallido

La Inspección califica de "lentas y burocratizadas" las vías para comunicar incidencias y tilda de "meramente teórica" la capacidad de las trabajadoras para rechazar una asignación peligrosa. Como consecuencia, propone una sanción por infracción grave en su grado máximo contra Aralia por no adoptar medidas que permitieran interrumpir la actividad de inmediato.

Para la CIG, esta tragedia confirma el "fracaso del modelo" de gestión privatizada y precarizada de los SAF. Carlos Alján, secretario nacional de CIG-Servizos, exigió que cualquier medida de seguridad acordada se incluya también en el convenio colectivo para blindar el derecho. Carril dirigió sus críticas finales a la conselleira de Política Socia de la que dijo "no puede seguir ciega, sorda y muda ante lo que sucede".