Galicia
La Xunta advierte de que la falta de agentes en la UPA obligará a reajustar sus funciones
El conselleiro Diego Calvo insiste en la urgencia de cubrir las vacantes del cuerpo adscrito y afirma que, si no hay garantías, la atención a víctimas de violencia de género volverá a la Policía Nacional.
La reducción de efectivos en la Unidad de Policía Adscrita (UPA) de Galicia está limitando su capacidad operativa y forzará a un reajuste de sus funciones si el Gobierno central no cubre las vacantes existentes. Así lo manifestó este pasado miércoles en el Parlamento gallego el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien insistió en la urgencia de reforzar este cuerpo para prestar sus servicios con todas las garantías.
Calvo recordó que la atención y protección a las víctimas de violencia de género es una competencia estatal en la que la UPA colabora desde 2016 —habiendo atendido a más de 2.900 personas—, pero advirtió de que, ante la falta de agentes, esa labor deberá ser asumida nuevamente por la Policía Nacional. "Se la UPA no tiene suficientes agentes para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género, será la Policía Nacional la que tendrá que asumir esa función, que es a quien le corresponde", afirmó el conselleiro, añadiendo que "las mujeres víctimas de violencia de género no están ni estarán desatendidas".
El responsable autonómico subrayó que la plantilla de la UPA ha pasado de los 474 agentes con los que contaba en 2016 a los 338 actuales, lejos de los 500 previstos inicialmente. Esta merma, según la Xunta, compromete la prestación de servicios que no son de competencia autonómica.
La Xunta lleva diez meses esperando una respuesta del Gobierno central a su propuesta para firmar un nuevo convenio y cubrir las vacantes. Calvo criticó que el Ministerio del Interior pretenda modificar las condiciones económicas del acuerdo, lo que supondría triplicar la aportación autonómica al asumir Galicia el 50% de las nóminas —que actualmente paga íntegramente el Estado—, además de los gastos de funcionamiento que ya cubría.
Frente a esto, el Gobierno gallego propuso en febrero que se mantengan las condiciones actuales para los efectivos existentes y que las nuevas plazas se financien según las exigencias ministeriales, una oferta reiterada este mes de diciembre sin que, según Calvo, haya habido "ni contestación ni cobertura de las plazas" por parte del Ejecutivo central.

La reducción de efectivos en la Unidad de Policía Adscrita (UPA) de Galicia está limitando su capacidad operativa y forzará a un reajuste de sus funciones si el Gobierno central no cubre las vacantes existentes. Así lo manifestó este pasado miércoles en el Parlamento gallego el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, quien insistió en la urgencia de reforzar este cuerpo para prestar sus servicios con todas las garantías.
Calvo recordó que la atención y protección a las víctimas de violencia de género es una competencia estatal en la que la UPA colabora desde 2016 —habiendo atendido a más de 2.900 personas—, pero advirtió de que, ante la falta de agentes, esa labor deberá ser asumida nuevamente por la Policía Nacional. "Se la UPA no tiene suficientes agentes para garantizar la protección de las víctimas de violencia de género, será la Policía Nacional la que tendrá que asumir esa función, que es a quien le corresponde", afirmó el conselleiro, añadiendo que "las mujeres víctimas de violencia de género no están ni estarán desatendidas".
El responsable autonómico subrayó que la plantilla de la UPA ha pasado de los 474 agentes con los que contaba en 2016 a los 338 actuales, lejos de los 500 previstos inicialmente. Esta merma, según la Xunta, compromete la prestación de servicios que no son de competencia autonómica.
La Xunta lleva diez meses esperando una respuesta del Gobierno central a su propuesta para firmar un nuevo convenio y cubrir las vacantes. Calvo criticó que el Ministerio del Interior pretenda modificar las condiciones económicas del acuerdo, lo que supondría triplicar la aportación autonómica al asumir Galicia el 50% de las nóminas —que actualmente paga íntegramente el Estado—, además de los gastos de funcionamiento que ya cubría.
Frente a esto, el Gobierno gallego propuso en febrero que se mantengan las condiciones actuales para los efectivos existentes y que las nuevas plazas se financien según las exigencias ministeriales, una oferta reiterada este mes de diciembre sin que, según Calvo, haya habido "ni contestación ni cobertura de las plazas" por parte del Ejecutivo central.





























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