DEPORTES
La nueva Ley del Deporte de Galicia endurece el control sobre las federaciones y potencia la lucha contra la violencia
El otro gran pilar de la reforma amplía las herramientas para combatir la violencia en el deporte |Image licensed by © Ingram Image
La reforma legal, que entra en vigor mañana, establece códigos de buen gobierno obligatorios y habilita a la Xunta como acusación popular en casos de agresiones.
La normativa que regulará el deporte gallego da un paso firme hacia una gestión más transparente y una tolerancia cero contra las agresiones. La Lei 3/2025, publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, modifica la ley vigente desde 2012 e introduce cambios sustanciales centrados en el buen gobierno de las federaciones y en la persecución de la violencia en el ámbito deportivo. La normativa entrará en vigor este viernes.
Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un artículo 55 bis que consagra el buen gobierno como un "requisito esencial" para todas las federaciones deportivas gallegas. Esta modificación obligará a cada federación a aprobar su propio código de buen gobierno, un documento que deberá desarrollar principios como la democracia interna, la transparencia, la integridad, la igualdad de género y la rendición de cuentas.
Entre las obligaciones concretas que deberán recoger estos códigos figuran el mantenimiento del secreto sobre datos confidenciales, la prohibición del uso indebido del patrimonio federativo y la institución de un sistema de autorización para operaciones relevantes. También se establece la obligación de declarar las relaciones contractuales, comerciales o familiares del personal directivo con proveedores de la federación, y se declara la incompatibilidad entre un cargo directivo y la prestación de servicios profesionales remunerados a la misma federación.
En materia de contratación y ayudas, los códigos deberán garantizar los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación, así como establecer criterios objetivos para la distribución de bolsas y subvenciones. Además, se limita el cargo de presidente o presidenta a un máximo de cuatro mandatos, con la posibilidad de un único mandato adicional excepcional, ya sea por ser la única candidatura presentada o por razones de interés deportivo, organizativo o institucional debidamente justificadas.
La Xunta podrá ejercer la acusación popular en casos de violencia
El otro gran pilar de la reforma amplía las herramientas para combatir la violencia en el deporte. La nueva ley habilita a la Administración autonómica para personarse como acusación popular en los procedimientos judiciales por delitos y actos violentos ocurridos en el ámbito deportivo de Galicia.
Según han confirmado a Xornal21.es fuentes próximas a la Xunta, este mecanismo busca "garantizar aún más la protección de la legalidad y del interés social, así como el propio sistema deportivo gallego". No obstante, el ejercicio de esta acción popular por parte de la Administración no se llevará a cabo si existe una negativa expresa por parte de la víctima de los hechos.
La lucha contra este fenómeno se concibe, según el espíritu de la ley, como una "tarea común" que involucra a todos los agentes deportivos y sociales, desde deportistas y aficionados hasta medios de comunicación y administraciones públicas, con el objetivo último de "acadar un deporte libre de calquera forma de violencia".
El otro gran pilar de la reforma amplía las herramientas para combatir la violencia en el deporte |Image licensed by © Ingram ImageLa normativa que regulará el deporte gallego da un paso firme hacia una gestión más transparente y una tolerancia cero contra las agresiones. La Lei 3/2025, publicada este jueves en el Diario Oficial de Galicia, modifica la ley vigente desde 2012 e introduce cambios sustanciales centrados en el buen gobierno de las federaciones y en la persecución de la violencia en el ámbito deportivo. La normativa entrará en vigor este viernes.
Una de las novedades más destacadas es la incorporación de un artículo 55 bis que consagra el buen gobierno como un "requisito esencial" para todas las federaciones deportivas gallegas. Esta modificación obligará a cada federación a aprobar su propio código de buen gobierno, un documento que deberá desarrollar principios como la democracia interna, la transparencia, la integridad, la igualdad de género y la rendición de cuentas.
Entre las obligaciones concretas que deberán recoger estos códigos figuran el mantenimiento del secreto sobre datos confidenciales, la prohibición del uso indebido del patrimonio federativo y la institución de un sistema de autorización para operaciones relevantes. También se establece la obligación de declarar las relaciones contractuales, comerciales o familiares del personal directivo con proveedores de la federación, y se declara la incompatibilidad entre un cargo directivo y la prestación de servicios profesionales remunerados a la misma federación.
En materia de contratación y ayudas, los códigos deberán garantizar los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación, así como establecer criterios objetivos para la distribución de bolsas y subvenciones. Además, se limita el cargo de presidente o presidenta a un máximo de cuatro mandatos, con la posibilidad de un único mandato adicional excepcional, ya sea por ser la única candidatura presentada o por razones de interés deportivo, organizativo o institucional debidamente justificadas.
La Xunta podrá ejercer la acusación popular en casos de violencia
El otro gran pilar de la reforma amplía las herramientas para combatir la violencia en el deporte. La nueva ley habilita a la Administración autonómica para personarse como acusación popular en los procedimientos judiciales por delitos y actos violentos ocurridos en el ámbito deportivo de Galicia.
Según han confirmado a Xornal21.es fuentes próximas a la Xunta, este mecanismo busca "garantizar aún más la protección de la legalidad y del interés social, así como el propio sistema deportivo gallego". No obstante, el ejercicio de esta acción popular por parte de la Administración no se llevará a cabo si existe una negativa expresa por parte de la víctima de los hechos.
La lucha contra este fenómeno se concibe, según el espíritu de la ley, como una "tarea común" que involucra a todos los agentes deportivos y sociales, desde deportistas y aficionados hasta medios de comunicación y administraciones públicas, con el objetivo último de "acadar un deporte libre de calquera forma de violencia".





























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