La ciberseguridad se consolida como uno de los principales desafíos para el tejido empresarial gallego. Según el Informe sobre la ciberseguridad en las empresas de Galicia elaborado por el Observatorio de la Sociedad de la Información (Osimga) y el Instituto Gallego de Estadística, el 15,5% de las empresas de la comunidad sufrió algún incidente de seguridad informática a lo largo de 2025. Este porcentaje se dispara hasta casi el 50% en las compañías con más de 49 trabajadores, revelando una correlación clara entre el tamaño y la exposición al riesgo.

El tipo de ataque más frecuente fue el 'phishing' externo, que afectó al 10,2% de las empresas, seguido por la suplantación de identidad interna (2,6%), los virus informáticos y los ataques de denegación de servicio (DDoS), ambos por encima del 2%. La principal consecuencia de estos incidentes fue la falta de disponibilidad de los servicios tecnológicos (53,3%), seguida de pérdidas de productividad (29,8%) y gastos económicos adicionales (24,8%).

Frente a esta amenaza, el 40% de las empresas gallegas realizó inversiones específicas en ciberseguridad en el último año, con un gasto medio que supera los 3.200 euros. El sector industrial es el que más presupuesto destina, mientras que casi el 70% de las grandes empresas (más de 50 empleados) realizan este tipo de inversión. Además, el 81,6% de las compañías aplica alguna medida de protección en sus equipos y comunicaciones, una práctica que es casi universal en las grandes corporaciones.

A pesar de los incidentes, el 60,3% de las empresas se considera "adecuada o altamente preparada" para enfrentar estos desafíos, una percepción que alcanza el 88,8% en las grandes organizaciones. No obstante, solo el 22,1% ofreció formación específica en ciberseguridad a su personal en el último año, una cifra que sí supera el 50% en el segmento de mayor tamaño.

El estudio también destaca que, tras sufrir un incidente, más de un tercio de las empresas recibió asistencia externa, recurriendo principalmente a empresas especializadas (17%) y, en menor medida, a los cuerpos de seguridad, el INCIBE o organismos autonómicos.