El Gobierno gallego invertirá 9,6 millones de euros entre 2026 y 2029 para garantizar la seguridad en los edificios de la Administración de Justicia en la comunidad. Esta financiación se canaliza a través de un convenio de colaboración con el Ministerio del Interior, cuyo proyecto de acuerdo fue aprobado recientemente por el Consello de la Xunta.

Los fondos permitirán que efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional realicen labores de vigilancia y protección en un total de 56 sedes judiciales repartidas en 45 localidades gallegas. El servicio será prestado por un máximo de 209 agentes: 81 de la Policía Nacional y 128 de la Guardia Civil.

El personal desplegado estará formado por agentes de la Guardia Civil en situación de reserva y policías nacionales en activo con un mínimo de 25 años de servicio, que realizarán estas tareas de manera voluntaria. Por su parte, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes facilitará la información y los medios necesarios para el desarrollo del servicio.

Este acuerdo se enmarca en una colaboración entre administraciones que se mantiene desde 2006. En ese periodo, la Xunta ha invertido cerca de 28 millones de euros en este capítulo de seguridad, y el número de efectivos dedicados ha crecido desde los 52 iniciales hasta los más de doscientos actuales.

El convenio tendrá una vigencia inicial de cuatro años, siendo prorrogable por otros cuatro mediante acuerdo expreso. Anualmente, se tramitarán las adendas económicas necesarias para actualizar la prestación del servicio.