Una aportación extraordinaria de 10 millones de euros reforzará las cuentas de la Sociedade Galega de Medio Ambiente (Sogama) para compensar la aplicación de un canon de residuos reducido a la gran mayoría de los concellos adheridos a su sistema. La medida, aprobada recientemente por el Ejecutivo gallego, pretende mantener el incentivo económico para los ayuntamientos que cumplen objetivos ambientales.

Un total de 280 de los 295 concellos integrados en el modelo de Sogama se acogieron este año a una tarifa bonificada de 95 euros por tonelada de residuos tratada, frente al canon general de 108 euros. Esta reducción está supeditada al cumplimiento de uno de estos dos requisitos: reducir la producción de basura en un 1% respecto al año anterior o incrementar en un 3% la recogida de envases (contenedor amarillo) o de materia orgánica (contenedor marrón).

Esta inyección de fondos se suma a los 12 millones de euros que ya se distribuyeron durante 2025 entre todos los municipios gallegos a través del Fondo de Compensación Ambiental. Con ambas partidas, el Gobierno autonómico cumple su compromiso de asumir con fondos propios el 60% de la subida del canon de Sogama para este ejercicio.

Dicho incremento está motivado principalmente por la aplicación de los impuestos establecidos en la Ley estatal de residuos, una normativa que la Xunta criticó por considerar que la penalización no es la vía idónea para fomentar la economía circular. Según las cuentas de la empresa pública, estos tributos suponen un impacto anual de 9 millones de euros.

A esta carga se suman otras decisiones estatales que, según fuentes próximas a la compañía, han lastrado su viabilidad económica. Entre ellas, destacan la supresión de la retribución a la inversión de la planta termoeléctrica de Cerceda —que implicó dejar de ingresar 18 millones anuales—, la reducción de la retribución a la planta de cogeneración y la recuperación de un impuesto eléctrico. Este escenario llevó a Sogama a cerrar 2023 con pérdidas de 18 millones, tras un largo periodo de estabilidad financiera que le permitió realizar inversiones superiores a los 100 millones.