Mientras varias comunidades autónomas solicitan moratorias, Galicia se prepara para cumplir con el calendario estatal de modernización judicial. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, confirmó que la comunidad finalizará el próximo 31 de diciembre la implantación de la Lei de Eficiencia Xudicial, culminando así un proceso complejo y costoso asumido íntegramente por la Xunta.

El anuncio se realizó durante la Conferencia Sectorial da Administración de Xustiza, en un contexto donde regiones como Asturias han pedido una prórroga y otras un funcionamiento gradual hasta marzo. Calvo, que participó por videoconferencia junto al director xeral de Xustiza, José Tronchoni, subrayó que Galicia ha avanzado "conforme a los plazos" a pesar de tratarse de una "norma imposta polo Goberno central e sen dotación orzamentaria".

La fase III, que ahora se ultima, implica la adaptación de los partidos judiciales restantes en las siete grandes ciudades gallegas. Con este paso, se completará un proceso que comenzó el pasado 1 de xullo con la puesta en marcha de la nueva oficina en 38 de los 45 partidos xudiciais de la comunidad.

La adaptación ha sido integral y de gran calado. Ha requerido la aplicación de modelos de referencia, la elaboración consensuada con los sindicatos de las nuevas relaciones de puestos de trabajo, la reubicación del personal y la adecuación de las instalaciones. Un cambio significativo ha sido la reconversión dos 268 xulgados de paz en Oficinas de Xustiza do Municipio. Además, esta implantación es un requisito para la creación de las nuevas plazas en las secciones de Violencia sobre a Muller y afecta a las plazas de Fiscalía.

El conselleiro volvió a lamentar la falta de financiación estatal para estas reformas, que ha trasladado el coste a las autonomías. En el caso gallego, la Administración ha tenido que asumir un custo estimado de 3,3 millóns de euros solo para la digitalización de las oficinas, de los cuales se han transferido poco más de 1,1 millóns en fondos europeos. A esta cifra se suman máis de 7,5 millóns de euros destinados a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.

Respecto a los trabajos finales, Calvo detalló que ya se ha completado el acoplamiento del personal y se organiza su reubicación definitiva. Asimismo, se ha aprobado el incremento del complemento específico negociado con los sindicatos. En estos momentos, se está instalando la señalética exterior y la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) prevé tener listas para la fecha límite todas las adaptaciones tecnológicas que exige la nueva estructura.

Con estos últimos ajustes, Galicia cerrará dentro del plazo legal un profundo cambio organizativo en su administración de justicia, marcado por el esfuerzo financiero autonómico y la ausencia de recursos específicos del Gobierno central.