El Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente una sanción de 800 euros impuesta a una fiscal por filtrar el borrador de una sentencia a un medio de comunicación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado íntegramente el recurso de la abogada del Estado, respaldando así el decreto sancionador dictado por el fiscal general del Estado en diciembre de 2024.

La sanción se impuso por la comisión de una infracción disciplinaria grave, concretamente por la revelación de datos conocidos en el ejercicio de sus funciones. Según los hechos probados que recoge la resolución, la fiscal comunicó telefónicamente a la acusación particular el sentido de un borrador de sentencia y, posteriormente, lo filtró a un diario, actuando "al margen del cauce regulado" por las instrucciones internas de la Fiscalía.

Los hechos se remontan al sumario penal 15/2020, seguido en la Audiencia Provincial de Barcelona por un delito de agresión sexual. La fiscal accedió al borrador a través de una consulta a una funcionaria, quien le imprimió una copia advirtiéndole de que no estaba firmado ni notificado. Tras la publicación de la noticia, el órgano judicial tuvo que dictar una providencia aclarando a las partes que aún no se había dictado sentencia firme.

En su recurso, la sancionada alegó vicios formales en el procedimiento y sostuvo que no se había acreditado su responsabilidad con pruebas de cargo suficientes, argumentando que se habían obviado elementos de descargo. Sin embargo, el Alto Tribunal ha considerado que la "cuidada y adecuada valoración de pruebas" realizada en la resolución sancionadora es suficiente para fundamentar la declaración de responsabilidad disciplinaria.

Esta sentencia del Supremo cierra la vía judicial a la fiscal y ratifica la corrección del procedimiento sancionador, subrayando la gravedad de filtrar documentación judicial confidencial.