El grupo provincial del Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha exigido a la Xunta que elabore un nuevo proyecto de explotación para el transporte interurbano en las comarcas del Baixo Miño y el Val Miñor, ante lo que califica de situación "insostenible" por los reiterados incumplimientos del servicio actual. La formación reclama también que se garantice el cumplimiento del contrato vigente mientras no haya una nueva empresa adjudicataria.

En un pleno de la Deputación de Pontevedra, la portavoz Manuela Rodríguez Pumar defendió que el gobierno gallego debe priorizar los intereses de los usuarios sobre los de las empresas concesionarias. Según denunció, desde que la UTE Lugove se hizo cargo del servicio, los problemas "han ido en aumento", generando un deterioro que afecta especialmente a la población rural.

Rodríguez detalló una serie de deficiencias graves: incumplimientos sistemáticos de los horarios, autobuses que saturan su capacidad en las primeras paradas –obligando a muchos usuarios a viajar de pie sin las condiciones de seguridad homologadas– y una reducción de la oferta en las horas punta. Esta situación perjudica, según la diputada, a quienes se desplazan al campus universitario de Vigo (CUVI), a otros centros educativos o a los hospitales Álvaro Cunqueiro y Meixoeiro.

Además, criticó que el tiempo de recorrido en las líneas que operan en el Baixo Miño se ha prolongado "considerablemente", lo que denota una "falta de planificación eficiente". "El servicio no responde a la demanda existente, está saturado y es ineficiente", subrayó Rodríguez.

El BNG atribuye estos problemas al diseño del propio Plan de Transporte de la Xunta, que a su juicio fue concebido para grandes empresas foráneas en detrimento de las pequeñas y medianas operadoras locales. La formación nacionalista insiste en la necesidad de un nuevo proyecto "con rigor y calidad técnica", pensado para la realidad geográfica y de dispersión poblacional de Galicia, y no para los intereses de las consultoras o concesionarias.

Asimismo, exigen que la Xunta tome medidas para frenar los incumplimientos de la empresa actual durante el periodo de transición hasta la entrada en vigor de un nuevo contrato. El Bloque alerta de que todas estas carencias provocan el abandono del autobús por parte de la ciudadanía, que opta por el vehículo privado, perpetuando un modelo de movilidad insostenible.