El gobierno de Abel Caballero en Vigo afronta una tormenta política tras convocar una Junta de Gobierno extraordinaria en plenas fiestas para aprobar una nueva prórroga de cinco años al contrato de Aqualia, la UTE que gestiona el abastecimiento y saneamiento de agua en la ciudad. Tanto el PP como el BNG han denunciado con dureza la opacidad del proceso y el incumplimiento de las inversiones comprometidas por la concesionaria.

La actual prórroga del contrato, que originalmente entró en vigor en 1991 y caducó en 2016, vence este 31 de diciembre. Según ha podido saber Xornal21.es, el ejecutivo local dará luz verde este lunes 29 a una tercera ampliación, que prolongará la gestión privada hasta el 31 de diciembre de 2030.

El portavoz del PP, Miguel Martín, ha calificado el momento elegido como "sospechoso" y ha acusado a Caballero de "oscurantismo" por tratar de que la decisión "pase lo más desapercibida posible debajo de las luces led" navideñas. No obstante, la crítica principal se centra en el fondo del asunto: la empresa no ha cumplido con el plan de inversiones de 40,5 millones de euros que condicionó la prórroga anterior en diciembre de 2020.

Según los populares, tras cinco años, Aqualia solo ha justificado obras por 18,4 millones de euros, "menos de la mitad de lo acordado". "¿Por qué si la empresa no ha sido capaz ni de ejecutar el 50% de las inversiones proyectadas se le regala otros cinco años más de contrato?", se ha preguntado Martín. El edil también ha cuestionado las cuentas de la ampliación de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de O Casal, cuya justificación presupuestaria ha variado públicamente.

Desde el BNG, su portavoz Xabier P. Igrexas ha tildado la decisión de "nova estafa á cidade" y ha recordado que el alcalde "volve faltar á súa palabra" después de prometer una nueva licitación. Los nacionalistas exigen en su lugar iniciar un proceso de remunicipalización del ciclo integral del agua.

Igrexas ha denunciado la "opacidad absoluta" del proceso, ya que la prórroga se aprobará en una junta extraordinaria "sen que a oposición poida coñecer antes o expediente". El BNG llevará al Pleno la exigencia de que, en caso de aprobarse, la duración sea "polo tempo imprescindíbel e nin un minuto máis", solo para constituir una empresa pública municipal.

Ambos grupos han coincidido en criticar el modelo actual. El PP ha recordado que Vigo tiene el agua más cara de Galicia, mientras que el BNG ha citado un informe de la OCU que sitúa a la ciudad entre las más caras de España. Los nacionalistas también han señalado las reiteradas incidencias en la red y un sistema tarifario que, según ellos, ha supuesto subidas desproporcionadas.