El Concello de Gondomar ha dado luz verde a la nueva Ordenanza Fiscal de la Tasa de Basura que regirá el próximo año. Aprobada definitivamente por el Pleno en sesión extraordinaria el 24 de diciembre, la normativa establece las cuotas para el servicio de recogida, tratamiento y eliminación de residuos e incorpora importantes bonificaciones sociales y para la economía circular.

La tasa, de recepción obligatoria para todos los inmuebles del municipio, grava un servicio considerado esencial. No obstante, el texto fiscal introduce una amplia batería de ayudas. La más destacada es una bonificación del 100% para los sujetos pasivos cuyos ingresos sean inferiores al Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples (IPREM), así como para la vivienda habitual de familias cuyos ingresos brutos anuales per cápita no superen los 4.482 euros (7.200 euros para familias numerosas), siempre que se cumplan ciertos requisitos patrimoniales.

También se establecen importantes incentivos para fomentar la reducción de residuos y el reciclaje. Los establecimientos industriales, talleres o tiendas de alimentación que implementen planes con gestores autorizados que reduzcan los residuos podrán obtener una rebaja en la cuota base de entre el 25% y el 50%. De manera individual, los ciudadanos que realicen al menos cuatro entregas en el punto limpio municipal a lo largo del año tendrán derecho a una reducción del 10% en la tasa del ejercicio siguiente.

Otras entidades, como los locales sociales de comunidades de montes, asociaciones de vecinos, ANPAS o centros culturales sin ánimo de lucro, gozarán de una bonificación del 99%. La Entidad Local Menor de Morgadáns también se beneficia de esta exención casi total.

La ordenanza detalla las tarifas anuales para 2026, que varían según el tipo de inmueble y actividad. Una vivienda pagará 95,57 euros. Los establecimientos comerciales de hasta 100 m² abonarán 121,63 euros, mientras que un restaurante de más de 250 m² deberá pagar 1.007,75 euros. Los hoteles de más de 50 habitaciones tendrán la cuota más alta, con 1.450,81 euros.

El acuerdo es definitivo, pero contra él se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOPPO), que tuvo lugar el pasado lunes 29 de diciembre.