El Área Jurídica de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI) cerró el ejercicio de 2025 con un total de 388 actuaciones, entre consultas, reclamaciones e intervenciones directas, en defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Galicia. El balance anual refleja la creciente complejidad de los procedimientos administrativos y la necesidad crítica de un acompañamiento especializado para garantizar el acceso a derechos fundamentales.

La mayor parte de las intervenciones se concentraron en dos grandes bloques. Por un lado, se prestó apoyo en 77 reclamaciones relacionadas con la valoración del grado de discapacidad, un proceso directamente vinculado a la aplicación de los nuevos baremos establecidos por el Real Decreto 888/2022. Aunque se han detectado mejoras, este ámbito sigue generando preocupación por su impacto directo en el acceso a prestaciones y proyectos vitales.

Por otro lado, el ámbito del empleo y las condiciones laborales acaparó 163 consultas. Estas estuvieron relacionadas con políticas activas, derechos laborales, adaptaciones de puestos de trabajo, discriminación o incapacidad permanente, muchas de ellas motivadas por las recientes reformas normativas en materia de Seguridad Social.

Otros focos de atención fueron la accesibilidad, vivienda y productos de apoyo, con 37 consultas que ponen de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una accesibilidad universal real; y las áreas de sanidad, dependencia y ayudas económicas, con 33 actuaciones. Además, se realizaron 51 intervenciones de información general sobre el certificado de discapacidad.

Geográficamente, la mayoría de las consultas procedieron de la provincia de A Coruña (302), seguida de Pontevedra (89), Lugo (38) y Ourense (22), una distribución que guarda relación con la presencia territorial de la organización.

Este servicio gratuito, atendido por dos profesionales licenciadas en Derecho, cuenta con financiación de las consellerías de Política Social e Igualdad y de Empleo, Comercio y Migración, así como de las diputaciones de A Coruña e Pontevedra. Su objetivo principal es informar, asesorar y defender los derechos de las personas con discapacidad, garantizando la igualdad de oportunidades.