Los consumidores de seguros privados de salud se enfrentan a una renovación sin garantías, donde las compañías pueden decidir unilateralmente no prorrogar el contrato o aplicar subidas significativas en la prima sin límites ni criterios claros. Esta discrecionalidad, permitida por la normativa actual, deja al asegurado en una posición de vulnerabilidad, sin certeza sobre el coste futuro o la continuidad de su cobertura.

La situación afecta con mayor dureza a colectivos como las personas mayores o con patologías previas. Para ellos, una subida desproporcionada suele cerrar la puerta a cambiar de aseguradora, ya que es frecuente el rechazo de solicitudes, la exclusión de coberturas por enfermedades preexistentes o la imposición de sobreprimas inasumibles. Esto genera la paradoja de que un usuario puede haber pagado durante años por un servicio al que podría perder acceso justo cuando más lo necesita.

La incertidumbre económica que genera este sistema tiene un impacto directo. Según datos de una encuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el 39% de las personas que dejaron su seguro de salud alegaron que el precio había subido demasiado o que ya no podían permitírselo. El marco regulatorio actual no establece mecanismos para limitar estos incrementos en cada renovación, ni obliga a una información clara sobre la evolución futura de las primas.

Ante esta situación, se ha reclamado formalmente a las autoridades competentes, como el Ministerio de Sanidad y la Dirección General de Seguros, la elaboración de una normativa específica que obligue a una mayor transparencia. Las peticiones incluyen la publicación de tablas de primas por edad, la limitación de las subidas arbitrarias y la aplicación de criterios de igualdad en la tarificación para asegurados de un mismo perfil.

La exigencia busca corregir un modelo donde la salud se convierte en un producto con condiciones opacas, trasladando todo el riesgo al consumidor, y avanzar hacia un marco que garantice equidad y proteja los derechos de los usuarios frente a prácticas discriminatorias.