El servicio municipal de agua de Vigo mantendrá su actual modelo de gestión privada y su precio hasta al menos el año 2030, tras la aprobación este lunes de la tercera prórroga de la concesión a la UTE encabezada por Aqualia. La extensión del contrato, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, conlleva un plan de inversiones de 41,7 millones de euros que, según el gobierno local, no repercutirá en un aumento de la tarifa para los hogares.

El alcalde, Abel Caballero, destacó que la prórroga garantiza la mejora de las infraestructuras y mantiene "en termos reais a tarifa actual", recordando que Vigo cuenta con "unha das mellores augas de España", según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). La inversión se distribuye en tres bloques: 19,9 millones para abastecimiento, 16,1 millones para saneamiento y 6,3 millones para actuaciones prioritarias en puntos concretos de la ciudad.

Entre las obras previstas, según ha podido saber Xornal21.es, figuran la renovación de redes de distribución (10 millones), la adaptación de los tanques de tormenta (4,6 millones) y actuaciones en la calle Santa Tegra, la red de Coia o la mejora de la capacidad de la canal de Eiras para abastecer a Didabelle y Riofrío.

Sin embargo, la decisión ha desatado una fuerte crítica de la oposición, que denuncia opacidad e incumplimiento de los compromisos anteriores. Tanto el PP como el BNG han cargado contra el alcalde por convocar una Junta de Gobierno extraordinaria en plenas fiestas navideñas para aprobar la prórroga.

El portavoz del PP, Miguel Martín, ha calificado el momento de "sospechoso" y ha acusado a Caballero de "oscurantismo". La crítica principal se centra en que, según los populares, Aqualia solo ha ejecutado 18,4 de los 40,5 millones de euros de inversión pactados en la prórroga anterior de diciembre de 2020. "¿Por qué si la empresa no ha sido capaz ni de ejecutar el 50% de las inversiones proyectadas se le regala otros cinco años más de contrato?", se ha preguntado Martín.

Desde el BNG, su portavoz Xabier P. Igrexas ha tildado la decisión de "nova estafa á cidade" y ha recordado que el alcalde "volve faltar á súa palabra" después de prometer una nueva licitación. Los nacionalistas exigen iniciar un proceso de remunicipalización del ciclo integral del agua y denuncian la "opacidad absoluta" del proceso, ya que la prórroga se ha aprobado sin que la oposición pudiera conocer el expediente con antelación.

Ambos grupos han coincidido en cuestionar el coste del servicio, recordando que Vigo tiene el agua más cara de Galicia y se sitúa entre las más caras de España según algunos informes.