La presión vecinal y política ha conseguido que el alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, convoque con carácter de urgencia la Xunta Local de Seguridade. Esta decisión se produce tras la aprobación de una moción del BNG en el último pleno municipal, que exigía acciones contundentes para atajar la grave situación de inseguridad que vive la parroquia de Torneiros, el segundo núcleo de población del municipio, debido al aumento del tráfico y consumo de drogas.

El problema, conocido desde hace tiempo por las fuerzas de seguridad y el propio Ayuntamiento, se ha intensificado notablemente en los últimos meses. Según las denuncias presentadas por la ciudadanía, existe un punto de venta de estupefacientes muy próximo a tres centros educativos: el CEIP Ribeira, el IES Ribeira do Louro y una escuela infantil. Esta proximidad genera una convivencia diaria entre personas en consumo activo y el alumnado, creando un entorno que los nacionalistas califican de "totalmente desfavorable para a socialización das crianzas e para unha convivencia segura e saudable".

La situación ha derivado en incidentes más graves. Desde el verano, se ha registrado un incremento en los conflictos violentos entre personas adictas y vecinos, así como daños materiales, entre los que se incluye la quema de al menos un vehículo. La vecindía ha acudido repetidamente a la Garda Civil, a la Policía Municipal e incluso al propio alcalde en busca de una solución que, hasta ahora, no había llegado.

El objetivo de la Junta Local de Seguridad, en la que están representados todos los cuerpos policiales, será coordinar y reforzar los operativos de vigilancia en la zona para erradicar el mercado de drogas. Para el BNG, se trata de abordar un problema de salud pública y de violencia que afecta profundamente a la calidad de vida en Torneiros, una parroquia que ya soporta otras cargas como la contaminación por lindano, el paso de líneas de alta tensión y numerosas vías de comunicación.