El proceso de licitación del servicio de autobús urbano de Vigo para los próximos nueve años ha desatado la primera gran crítica. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha calificado de "inocentada irresponsábel" que el gobierno de Abel Caballero apruebe unos pliegos que, según denuncia, no contemplan la ampliación de la flota más allá de la renovación de los vehículos más antiguos, manteniendo los 130 autobuses actuales.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, advirtió que, sin más buses y más personal, es imposible recuperar las "250 frecuencias diarias suprimidas desde a pandemia, nin mellorar horarios, nin garantir puntualidade". Aseguró que, tras una primera revisión del expediente de casi 3.000 páginas aprobado este lunes, el modelo presentado supone un "nefasto punto de partida" que hipotecaría a la ciudad con un servicio insuficiente hasta 2034.

"O que se nos presenta é unha auténtica tomadura de pelo: Caballero vai licitar un servizo que encarece un 90% o seu custo anual pero sen asegurar o fundamental", subrayó Igrexas. El nacionalista criticó que se dilapide así "a maior oportunidade en trinta anos" para desplegar un transporte público moderno y vertebrador.

Para intentar reconducir el proceso, el BNG anunció que solicitará la convocatoria urgente del Consello Sectorial de Transportes –que no se reúne desde 2019– y de una sesión extraordinaria de la Comisión Informativa de Fomento e Servizos. "O Goberno municipal debe dar explicacións, someterse ás preguntas da oposición e, sobre todo, escoitar propostas antes de que sexa demasiado tarde", reclamó.

Igrexas defendió que los vigueses merecen un servicio "capaz de revolucionar a mobilidade" hacia una ciudad "máis habitábel, máis verde e mellor conectada", y advirtió de que no se puede permitir que esta licitación "frustre esas expectativas e consolide un modelo caro, ineficiente e afastado das necesidades reais da xente".

La crítica del BNG pone el foco en el núcleo del debate sobre la movilidad en Vigo: si la millonaria inversión prevista en el contrato –195,9 millones para nueve años– se traducirá en un salto cualitativo en la oferta o simplemente servirá para mantener un servicio considerado por muchos como deficitario.