La autopista del Atlántico afronta un nuevo año con peajes más caros y sin avances tangibles hacia su gratuidad. El Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, ha autorizado para 2026 una subida media del 4.68% en la AP-9, la cuarta más elevada desde el año 2000, al tiempo que ensalza las bonificaciones existentes como un logro sin parangón en Europa.

Este incremento, ligado al IPC y a los cánones de la concesionaria Audasa, eleva el coste del trayecto completo entre A Coruña y Vigo a 21,45 euros. Los peajes de referencia también suben: A Coruña-Santiago pasa de 8,40 a 8,80 euros; Santiago-Vigo, de 12,05 a 12,61; Santiago-Pontevedra, de 7,20 a 7,55; y Pontevedra-Vigo, de 4,85 a 5,10 euros.

El Ejecutivo central destaca que las bonificaciones vigentes –como el 100% de descuento en la vuelta en 24 horas para vehículos ligeros con Vía-T o el 50% extra por recurrencia desde enero de 2025– generarán un ahorro acumulado que superará los 420 millones de euros desde 2018. Sin embargo, no anuncia ninguna ampliación significativa de estos descuentos, ni concreta pasos hacia el ansiado "peaje cero", una promesa política que había generado grandes expectativas en Galicia.

La parálisis en este asunto es total. Tanto la Xunta como el Parlamento gallego, con el respaldo unánime de los grupos, han reclamado en múltiples ocasiones la transferencia de la titularidad de la AP-9 a la comunidad. Una petición que PP y BNG también han llevado al Congreso y al Senado. El Gobierno central, no obstante, se ha limitado a rechazar el debate, alegando complejidad jurídica y riesgo de litigios con la concesionaria.

Esta postura contrasta, según han confirmado a Xornal21.es fuentes próximas a la negociación, con la permisividad del Ejecutivo para mantener vigente una concesión –prorrogada en 2012 hasta 2048– que la Comisión Europea considera contraria a la normativa de libre competencia. De hecho, el coste estimado de mantener las bonificaciones hasta esa fecha se aproxima a los 3.500 millones de euros, cifra cercana a la que costaría rescatar la concesión.

Mientras el debate político se estanca, los usuarios y el tejido empresarial gallego soportan unos incrementos que tachan de "abusivos" y perjudiciales para la competitividad regional, especialmente para el transporte de mercancías y los desplazamientos laborales. La situación evidencia, a juicio de los colectivos afectados, una clara desconexión entre los anuncios oficiales y la realidad que se paga en las cabinas.

En paralelo, la justicia ha dado un golpe significativo a favor de los conductores. El Tribunal Supremo ha confirmado de forma contundente que Audasa incurrió en prácticas abusivas al cobrar el peaje íntegro durante los atascos masivos en las obras del puente de Rande (2015-2018). La Sala de lo Civil ha ordenado a la concesionaria la devolución con intereses de los peajes cobrados durante 81 incidentes graves de tráfico, un fallo que Audasa intentó infructuosamente recurrir.

Así, el arranque de 2026 deja dos realidades en tensión: la estadística oficial de ahorro por bonificaciones y la experiencia diaria de miles de gallegos que pagan más por un servicio cuya liberalización o supresión de peajes no figura en la agenda inmediata. La brecha entre la propaganda y la práctica se antoja cada vez más ancha en la autopista que vertebra Galicia.