La vivienda debe ser la "gran prioridad política" de Vigo en 2026. Así lo ha reclamado el Bloque Nacionalista Galego (BNG), que ha alertado de una "emergencia habitacional" que está expulsando a miles de personas de la ciudad. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, exigió el despliegue "urxente e imprescindíbel" de una política pública de vivienda que garantice el derecho a habitar la propia ciudad.

Igrexas recordó que 2025 cerró con un incremento del 9% en los precios de los alquileres en Vigo, tres puntos por encima de la media gallega, lo que consolida a la ciudad como la más cara para alquilar de Galicia, según Idealista. El precio medio ya ronda los 700 euros mensuales, con un aumento acumulado del 35% desde 2020. Un fenómeno que vinculó a la especulación de los pisos turísticos, que han pasado de 400 a 2.400 en cuatro años: "Hoxe en Vigo hai máis de cinco pisos turísticos por cada vivenda dispoñíbel para alugueiro", denunció.

Frente a esta realidad, el portavoz criticó la "inacción" de las administraciones. Acusó a la Xunta del PP de desmantelar la política pública de vivienda, lo que ha generado más de 7.100 familias demandantes de vivienda protegida en Vigo, una cifra que cuadruplica las viviendas previstas en el Plan Parcial de Navia. También cargó contra el Gobierno central por no transferir las viviendas de la SAREB y ofrecer programas piloto "a prezos igualmente inaccesíbeis".

A nivel local, tachó la gestión de Abel Caballero de "vuelva usted mañana", recordando que han pasado 19 años desde que prometió construir 6.000 viviendas en su primer mandato "sen que a día de hoxe se construíse ningunha". Criticó que el Concello no haya declarado la zona tensionada –como sí hicieron A Coruña o Santiago–, que cobre el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y que subaste viviendas vacías que podrían tener un uso social.

Como solución, el BNG propone la creación de un Consello Municipal de Vivenda, un órgano de participación, coordinación y control democrático que implique a administraciones, agentes sociales y colectivos afectados para diseñar políticas efectivas. "Garantir o dereito á vivenda é unha tarefa de cidade, non só dun Goberno", concluyó Igrexas, reclamando un modelo urbano "máis xusto, sostíbel e habitábel".